España: clínicas, agencias, contratos y pagos en la gestación subrogada
Respuesta breve
A fecha de 20 de octubre de 2026, el Derecho español considera nulo el contrato por el que una mujer acepta gestar y renunciar a la filiación materna en favor de la persona comitente o de un tercero. La regla se aplica haya o no precio. Las normas centrales son el artículo 10 de la Ley 14/2006 y el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2010, modificada por la Ley Orgánica 1/2023. La publicidad que promueve prácticas comerciales de gestación subrogada está expresamente calificada como publicidad ilícita.
Esto no significa que toda clínica de fertilidad, tratamiento de FIV, consulta médica, traducción o servicio de viaje sea automáticamente ilícito o nulo. Hay que examinar el objeto real de cada contrato, qué anuncia la agencia, cómo circula el dinero, si se prevé entregar al menor al margen de los procedimientos jurídicos ordinarios y dónde se realizan los actos. La autorización de una clínica extranjera o la publicidad de una agencia no demuestra que todo el programa vaya a producir efectos jurídicos en España.
1. Qué declara nulo el artículo 10
El artículo 10.1 de la Ley 14/2006 declara nulo el contrato por el que una mujer acepta la gestación y renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero, con o sin precio. Llamarlo «altruista», limitarlo al reembolso de gastos o cambiar su título no altera la regla si su contenido real es el mismo. El contrato no puede crear un derecho exigible a obligar a la mujer a renunciar a su maternidad jurídica.
El mismo artículo dispone que la filiación de los hijos nacidos por gestación subrogada se determina por el parto. Se mantiene la posible acción de reclamación de paternidad del padre biológico conforme a las reglas generales. Esto no supone el reconocimiento automático de ambos progenitores de intención ni valida el contrato. El acuerdo principal y cada contrato accesorio deben analizarse por separado según sus cláusulas y finalidad.
2. Clínicas, agencias y servicios separados
Debe examinarse el objeto real del contrato, no solo su título. Un contrato de servicios ordinarios y permitidos de salud reproductiva no se convierte automáticamente en un contrato de gestación subrogada por referirse a la fertilidad. A la inversa, denominar el servicio «coordinación», «asesoría», «emparejamiento», «gestión del caso» o «apoyo médico» no lo hace seguro si en realidad organiza la gestación y una transferencia prometida de la filiación materna.
La autorización de una clínica no desplaza el artículo 10 ni garantiza la legalidad de las comisiones de la agencia, el reconocimiento de la filiación, los efectos de una sentencia extranjera o la inscripción en España. Los servicios prestados en el extranjero pueden estar sujetos a la ley del país de destino; esa es una cuestión distinta del orden público español y de las reglas españolas de publicidad. Un abogado español independiente debe revisar los documentos y el recorrido del dinero, no limitarse a la afirmación general del proveedor de que el programa es «legal».
3. Publicidad comercial de las agencias
El artículo 3.a) de la Ley General de Publicidad 34/1988 incluye expresamente entre la publicidad ilícita la que promueva prácticas comerciales de gestación subrogada. El artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2010, modificada por la Ley Orgánica 1/2023 prevé que las autoridades públicas legitimadas puedan iniciar acciones judiciales para que se declare ilícita esa publicidad y se ordene su cese.
Según su contenido y contexto, la regla puede afectar a sitios web comerciales, campañas en redes sociales, folletos, páginas de captación y ofertas de paquetes. Crea un riesgo jurídico directo para la promoción, pero no debe exagerarse hasta afirmar que todo acto de una agencia es automáticamente delito o que la ley tipifica expresamente cualquier conversación privada. La aplicación a un anunciante, servicio u operador extranjero concreto depende de los hechos, del vínculo territorial y del contenido de la promoción.
4. Cuándo puede surgir riesgo penal
El artículo 221 del Código Penal español regula un supuesto más concreto: se entrega un menor a otra persona a cambio de compensación económica, se eluden los procedimientos legales de guarda, acogimiento o adopción y se busca establecer una relación análoga a la filiación. La norma prevé prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, tutela, curatela o guarda durante cuatro a diez años. Las mismas penas se aplican al receptor y al intermediario, incluso si la entrega se realiza en el extranjero.
Esto no significa que todo pago relacionado con la gestación subrogada o toda intermediación cumpla automáticamente el artículo 221. Un abogado penalista debe analizar los elementos del tipo, los actos de cada participante, la finalidad y la jurisdicción aplicable. La nulidad del artículo 10, la publicidad ilícita y la posible responsabilidad penal son cuestiones jurídicas distintas.
5. Programas extranjeros y promesas sobre España
Un contrato puede estar permitido por la ley del país donde se desarrolla el programa sin ser exigible o reconocible en España. En la sentencia 1626/2024, de 4 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo español rechazó reconocer una resolución estadounidense que validaba un contrato de gestación subrogada y atribuía la filiación a los progenitores de intención, por considerarlo contrario al orden público español. Es una advertencia concreta, no una afirmación de que todos los casos extranjeros tendrán idéntico resultado procesal.
La Instrucción de 28 de abril de 2025 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, vigente desde el 1 de mayo de 2025, establece que los Registros Civiles y Consulares no deben admitir como título suficiente para inscribir el nacimiento y la filiación de un menor nacido por gestación subrogada una certificación registral extranjera, una simple declaración acompañada de certificado médico de nacimiento ni siquiera una sentencia extranjera firme. Tras la llegada a España, la situación jurídica del menor debe resolverse por las vías ordinarias españolas, incluida la filiación biológica cuando corresponda, una adopción posterior si se cumplen los requisitos legales o su integración en una familia de acogida mediante el acogimiento familiar cuando proceda. Por ello, prometer «inscripción española garantizada», filiación, nacionalidad o pasaporte es una señal de alarma. Son resultados jurídicos distintos y una agencia no puede garantizarlos.
Existe una discrepancia importante en la información oficial: una página del portal del Gobierno español, actualizada por última vez el 31 de marzo de 2026, sigue citando las instrucciones de 2010 y 2019, ya dejadas sin efecto, y describe el procedimiento anterior. La Instrucción del BOE de 28 de abril de 2025 dejó expresamente sin efecto esas instrucciones y establece que las solicitudes de inscripción de la filiación pendientes el 1 de mayo de 2025 no se practicarían. Por ello, considere el resumen del portal potencialmente desactualizado en este punto y confirme el procedimiento aplicable al caso concreto con un abogado español o el Registro Civil competente; no se base únicamente en la explicación de una agencia.
6. ¿Se puede recuperar el dinero pagado?
La nulidad no genera automáticamente un reembolso íntegro e inmediato. El artículo 1303 del Código Civil establece una regla general de restitución recíproca tras declararse la nulidad, pero los artículos 1305 y 1306 contienen reglas especiales cuando la causa u objeto del contrato son ilícitos. Su aplicación y la posibilidad de recuperar un pago concreto dependen de la calificación del contrato, la conducta y culpa de las partes, los servicios efectivamente prestados y la ley aplicable.
Separe los importes pagados a la agencia, clínica, abogado, gestante, aseguradora, proveedor de viajes o cuenta de depósito. El precio de un servicio verdaderamente independiente puede analizarse de forma distinta al pago condicionado a la ejecución del acuerdo principal nulo. Pueden ser relevantes la ley aplicable, el tribunal, la identidad y ubicación del receptor, las cláusulas de reembolso, las facturas, los plazos y las pruebas de promesas engañosas. No dé por hecho ni que «se devolverá todo» ni que «no se puede recuperar nada». Antes de reclamar o demandar, revise los documentos con un profesional.
7. Cláusulas contractuales y pagos que deben revisarse
Solicite el contrato íntegro firmado y todos sus anexos, no solo un folleto. Compruebe: (1) los nombres legales completos de las partes y quién recibe cada pago; (2) un presupuesto desglosado que separe honorarios de agencia, tratamiento médico, servicios jurídicos, seguro, viajes, contingencias y pagos a otros participantes; (3) hitos de pago, depósito en garantía, quién autoriza la liberación de fondos y qué ocurre si el proveedor cierra; (4) cláusulas de cancelación, reembolso y resolución de conflictos; y (5) ley aplicable, tribunal, idioma del arbitraje y exigibilidad en España.
Compruebe también quién toma las decisiones médicas, cómo se tratan el consentimiento informado y los riesgos sanitarios, si la gestante dispone de asesoramiento independiente y si se preserva su autonomía. Son medidas de diligencia, no una afirmación de que una cláusula estándar haga válido el contrato en España. Pida por escrito qué se promete y qué no se garantiza respecto de filiación, inscripción, nacionalidad y viajes. Elegir una ley extranjera no convierte por sí solo el acuerdo principal nulo en exigible.
8. Mapa práctico de riesgos
| Promesa o cláusula | Riesgo principal | Siguiente paso más seguro |
|---|---|---|
| «El contrato garantiza la filiación en España». | Nulidad del artículo 10; una resolución extranjera puede no reconocerse. | Detenerse y obtener una opinión independiente de un abogado español de familia. |
| Una agencia anuncia en España un paquete comercial de gestación subrogada. | Posible publicidad ilícita; puede solicitarse judicialmente su cese. | No confiar solo en las garantías jurídicas del proveedor. |
| El pago depende de la entrega del menor. | Posible riesgo penal si concurren todos los elementos legales; no es automático. | No continuar sin asesoramiento independiente penal y de familia. |
| Todos los importes se declaran no reembolsables. | La devolución depende del contrato, la ley aplicable y las reglas de nulidad. | Conservar los comprobantes y pedir una valoración individual. |
| Un precio único incluye servicios médicos, jurídicos y de intermediación. | Puede ocultar qué se compró y quién responde. | Solicitar desglose, objetos de servicio separados y proveedores identificados. |
| «Un certificado o sentencia extranjera garantiza la inscripción en España». | Contradice la regla probatoria de la Instrucción registral de 2025. | Consultar la vía española vigente para determinar la filiación. |
9. Antes de firmar o pagar
- Obtenga todos los contratos, anexos, condiciones, facturas y reglas de cancelación/devolución antes de transferir fondos.
- Verifique la identidad jurídica de cada empresa, sus titulares reales, registro y titular de la cuenta receptora. Compruebe cualquier autorización de una clínica extranjera ante la autoridad competente de ese país.
- Solicite presupuesto desglosado, receptor de cada suma, protección del depósito, condiciones de devolución y consecuencias de que el programa se interrumpa.
- Pida a un abogado español independiente que revise el artículo 10, las restricciones publicitarias, la posible aplicación del artículo 221, los reembolsos y la Instrucción de 2025. Encargue por separado a un abogado independiente del país de destino la revisión de su Derecho.
- No acepte como argumento comercial una «garantía» de filiación, inscripción, nacionalidad o pasaporte españoles. Exija por escrito la base jurídica y sus límites.
La lista sirve para controlar riesgos; no crea una vía legal para hacer admisible la gestación subrogada en España.
10. Si ya firmó o pagó
Conserve todas las versiones del contrato, anexos, extractos bancarios, facturas, recibos, mensajes, anuncios, correos y pruebas de lo prometido por el proveedor. Guarde los documentos médicos o de viaje relevantes. No altere, borre ni oculte pruebas y evite acusaciones públicas antes de recibir asesoramiento.
Si es seguro hacerlo, suspenda pagos futuros y pida a un abogado que solicite por escrito un desglose de las sumas, la base contractual de cada pago, el estado de los servicios y la posición del proveedor sobre cancelación y devolución. Revise plazos de prescripción, competencia judicial y medidas urgentes para conservar la reclamación. Una denuncia por publicidad engañosa puede ser pertinente si concurren los hechos; un abogado debe valorar cualquier posible cuestión penal. Si ya hay un embarazo o un menor implicado, priorice la salud y seguridad del menor y acuda de inmediato a un especialista en Derecho de familia; no reduzca el asunto a una disputa de reembolso.
Conclusión
En España, es nulo el contrato que exige gestar y renunciar a la filiación materna, con o sin pago; la promoción comercial se considera expresamente publicidad ilícita; y ni un contrato extranjero ni la garantía de una agencia aseguran filiación o inscripción españolas. La responsabilidad penal y los derechos de reembolso exigen análisis separados de los hechos. Antes de firmar, pagar, cancelar o demandar, haga revisar el contrato, la publicidad, los pagos y los documentos extranjeros por un abogado español independiente.
Fuentes jurídicas oficiales
Para esta guía se han consultado textos jurídicos oficiales españoles, información gubernamental y comunicaciones judiciales:
- Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, artículo 10
- Ley Orgánica 2/2010, artículos 32–33, modificada por la Ley Orgánica 1/2023
- Ley General de Publicidad 34/1988, artículos 3(a) y 6
- Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, artículo 221
- Código Civil, artículos 1303, 1305–1306
- Instrucción de 28 de abril de 2025 sobre inscripción registral de la filiación por gestación subrogada
- Portal del Gobierno de España: «Gestación por sustitución» (actualizado el 31 de marzo de 2026; aún cita las instrucciones anteriores)
- Nota del Tribunal Supremo sobre la sentencia 1626/2024 (9 de diciembre de 2024)
