Costa Rica: requisitos médicos y de donantes
Respuesta breve
Las normas publicadas sobre FIV en Costa Rica regulan con más claridad la FIV convencional y los gametos de terceros que la gestación subrogada. El Decreto Ejecutivo n.º 39210-MP-S define la FIV como la fecundación fuera del cuerpo seguida de la transferencia al útero materno. Establece reglas para determinados beneficiarios, el examen de donantes, el consentimiento escrito, los registros y el manejo de embriones. Estas reglas no deben presentarse como una autorización completa de un programa con gestante. La autorización de una clínica para realizar un procedimiento concreto de FIV y la situación jurídica del acuerdo de gestación, los padres de intención y el niño son cuestiones distintas. Las disposiciones médicas y de donantes, por sí solas, no las resuelven. [S1]
Qué establecen las fuentes oficiales y qué sigue pendiente
El principal texto primario revisado es el Decreto n.º 39210-MP-S. Los materiales oficiales también identifican una norma técnica para centros de FIV (Decreto n.º 39616-S) y una norma separada de habilitación de establecimientos (Decreto n.º 39646-S). La página ministerial de consulta pública de 2025 incluyó una propuesta para modificar el apartado 4.1.1 y derogar los apartados 4.3.5.16 y 4.3.5.17 de esta última norma. La versión consolidada vigente en SINALEVI indica que los apartados 4.3.5.16 y 4.3.5.17 fueron derogados por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo n.º 45317, de 16 de octubre de 2025; sigue sin verificarse si se aprobó la modificación separada propuesta para el apartado 4.1.1. A octubre de 2026 no consta una lista oficial vigente de requisitos médicos y de donantes específica para la gestación subrogada. Esto no demuestra que no exista ninguna otra norma pertinente. Deben revisarse localmente los textos consolidados actuales, publicaciones posteriores y jurisprudencia. [S1–S5, S11]
Qué resuelven —y qué no— las decisiones judiciales recientes
La situación jurídica del Decreto Ejecutivo n.º 39210-MP-S tiene una historia procesal que no debe omitirse. El 3 de febrero de 2016, la Sala Constitucional de Costa Rica declaró inconstitucional el decreto por motivos de legalidad formal. El 26 de febrero de 2016, en la supervisión del cumplimiento del caso Artavia Murillo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que la prohibición de la FIV no podía seguir produciendo efectos jurídicos y exigió acceso inmediato a la FIV. En su resolución de supervisión de 2019, la Corte señaló que el Estado había informado que el Decreto n.º 39210-MP-S seguía vigente y no había sido modificado. Estas decisiones deben leerse conjuntamente. Se refieren al acceso a la FIV, no a una autorización general de la gestación subrogada. Antes de invocar el decreto en un caso concreto, un abogado costarricense debe confirmar sus efectos actuales en el ordenamiento interno. [S6–S8]
Las decisiones posteriores abordan cuestiones más limitadas. En la resolución n.º 15172-2025, de 20 de mayo de 2025, la Sala Constitucional ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) definir y aprobar directrices técnicas para el traslado seguro de embriones criopreservados. El asunto trataba del traslado de embriones desde una unidad pública de FIV a una clínica privada. La resolución no autoriza de forma general la gestación subrogada ni establece pruebas obligatorias para los donantes. En la resolución n.º 13258-2026, de 21 de abril de 2026, la Sala estimó parcialmente un recurso relacionado con la falta de entrega de información sobre un embrión y la demora en resolver una solicitud vinculada a la gestación subrogada altruista. Ordenó al hospital facilitar la información solicitada en un plazo de 10 días y resolver la solicitud en el plazo de un mes. No autorizó en cuanto al fondo el procedimiento propuesto ni estableció una vía general para la gestación subrogada. Antes de apoyarse en estas decisiones, un abogado costarricense debe revisar las resoluciones completas y comprobar las directrices posteriores de la CCSS/del Ministerio y cualquier reforma normativa ulterior. [S9, S10]
¿Quién puede recibir FIV según el Decreto 39210-MP-S?
El artículo 2 del Decreto n.º 39210-MP-S identifica como beneficiarios de la FIV a una pareja adulta cuando al menos una persona presenta infertilidad y ninguna ha sido declarada incapaz judicialmente, o a una mujer adulta sin pareja que presenta infertilidad y no ha sido declarada incapaz judicialmente. En principio, deben haberse agotado otros tratamientos médicos para la infertilidad, salvo que un criterio médico expreso demuestre que no son viables. Son criterios para los beneficiarios de la FIV descrita en el decreto. Por sí solos, no constituyen una prueba completa de elegibilidad de los padres de intención para una gestación subrogada ni definen la situación médica o jurídica de la gestante. [S1]
Requisitos para el donante tercero
Para la FIV heteróloga, el artículo 4 describe al donante tercero como mayor de edad y utiliza la expresión española «en libertad de estado». El artículo 5 exige además que el donante sea mayor de edad y no haya sido declarado incapaz judicialmente. El decreto también vincula la FIV heteróloga con la imposibilidad biológica de utilizar la modalidad homóloga y con el caso de una mujer sin pareja. Un abogado costarricense debe confirmar el significado y la aplicación actuales de «en libertad de estado». No se debe confiar en una traducción aproximada, un resumen de agencia o una explicación verbal de la clínica. Una regla de donación del modelo de FIV regulado por el decreto no equivale automáticamente a una regulación completa de toda estructura de gestación subrogada. El artículo 4 también establece que, en la FIV heteróloga, el donante no adquiere derechos ni obligaciones inherentes a la filiación o la paternidad por razón de esa técnica. Esta regla se refiere a la situación del donante dentro del modelo de FIV del decreto; no determina quién será reconocido como progenitor legal de un niño nacido mediante gestación subrogada. [S1]
Evaluación médica de donantes de gametos
El artículo 5 exige exámenes físicos y diagnósticos del donante suficientes para asegurar que no porte enfermedades que puedan afectar a la receptora o a la descendencia. Es una obligación vinculante de protección sanitaria formulada según su finalidad. El artículo 5 no contiene por sí solo una lista completa de análisis de laboratorio, un panel genético universal, una edad máxima única del donante ni un periodo general de validez de los resultados. Otras normas técnicas vigentes, protocolos ministeriales y procedimientos clínicos médicamente justificados pueden añadir requisitos. Como no se verificaron por completo el anexo consolidado actual del Decreto n.º 39646-S ni el resultado de la consulta de 2025, este texto no presenta un panel concreto como lista legal definitiva. [S1, S3, S4]
Registros de donantes y confidencialidad
El artículo 5 obliga a cada establecimiento autorizado a mantener un registro de donantes y al Ministerio de Salud a llevar un registro nacional. Los artículos 5 y 13 se refieren a la protección y confidencialidad de la información de donantes y expedientes clínicos; el artículo 5 cita la Ley n.º 8968 de protección de datos personales. La confidencialidad no equivale a una garantía absoluta de anonimato en cualquier circunstancia. Pregunte qué datos se recogen, cuánto tiempo se conservan muestras y registros, quién puede acceder a ellos, si la identidad del donante puede revelarse y qué reglas se aplican si después un niño o un tribunal solicita información. La clínica debe responder con referencia a la ley vigente y a su protocolo real de gestión documental, no limitarse a prometer anonimato permanente. [S1]
Consentimiento informado y revocación
El artículo 15 exige información completa y clara y consentimiento escrito, libre, voluntario e informado antes de la FIV. Si los beneficiarios son una pareja, cada integrante debe consentir individualmente. En la FIV heteróloga, el donante tercero también debe consentir informadamente la donación. El decreto permite revocar el consentimiento mediante un acto expreso. Antes de firmar, obtenga todos los formularios en un idioma que cada persona entienda y pregunte cómo funciona la revocación en cada etapa: antes de la extracción, después de ella, tras la fecundación, durante el almacenamiento y antes de la transferencia. No suponga que la revocación tiene las mismas consecuencias prácticas para gametos no utilizados y embriones; solicite una explicación escrita y asesoramiento jurídico específico. [S1]
Autorización de la clínica y normas técnicas
El artículo 3 limita la FIV a establecimientos médicos que cumplan los requisitos del Ministerio de Salud. El artículo 6 atribuye al Ministerio funciones de autorización, inspección y control conforme a la Ley General de Salud. Los documentos oficiales identifican el Decreto n.º 39616-S como norma técnica para centros que realizan FIV y transferencia embrionaria, y el Decreto n.º 39646-S como norma separada de habilitación. Verifique directamente con el Ministerio la autorización vigente de la clínica y confirme que su alcance cubre el procedimiento propuesto, los servicios de laboratorio y la manipulación de gametos. Compruebe la colegiación y las credenciales en medicina reproductiva del especialista responsable. Una licencia médica general, una web atractiva o la afirmación de que la clínica trabaja con gestantes no sustituyen la comprobación de la autorización específica y su fundamento jurídico. [S1–S4]
Por qué la gestante requiere una evaluación jurídica y clínica separada
No trate a los padres de intención y a la gestante como si fueran la misma persona jurídica o clínica. El artículo 9 encarga al Ministerio determinar los exámenes clínicos y diagnósticos previos a la FIV para los beneficiarios; el artículo 12 contempla atención interdisciplinaria para proteger la salud física y psicológica de la mujer. Sin embargo, la definición de FIV del decreto describe la transferencia al útero materno; el texto revisado no establece un procedimiento completo de evaluación específico para la gestante. Esta puede necesitar evaluaciones obstétricas, médicas y psicológicas individuales y un consentimiento separado, pero los exámenes obligatorios exactos y su fundamento jurídico deben verificarse, no suponerse. Pida a la clínica que distinga por escrito los requisitos legales, la norma técnica vigente, el criterio médico profesional y la política interna. [S1–S4]
Transferencia y manejo de embriones
El artículo 16 dispone que no se pueden transferir más de dos óvulos fecundados a la cavidad uterina de la mujer en un ciclo reproductivo; el máximo solo se permite si el equipo profesional responsable lo considera técnicamente apropiado. El número de óvulos a fecundar debe limitarse al mínimo necesario conforme a los estándares científicos. El artículo 19 enumera prohibiciones sobre óvulos fecundados, incluida su eliminación, comercialización, experimentación, selección genética, división, alteración genética, clonación y destrucción; también aborda la inseminación o transferencia post mortem sin consentimiento informado expreso. Estas disposiciones se refieren a la FIV regulada por el decreto. No bastan por sí solas para presumir cómo se aplica cada regla a la gestación subrogada. Solicite la política escrita de almacenamiento y disposición de embriones y un análisis jurídico específico. [S1]
Matriz de decisión: derecho, dudas y próximos pasos
La matriz siguiente es un punto de partida, no una opinión jurídica definitiva. El texto revisado establece la mayoría de edad del donante, la obligación de examinarlo, el consentimiento escrito, los registros y la supervisión ministerial. Sin embargo, no responde a todas las cuestiones operativas de la gestante ni ofrece un panel universal de pruebas de donantes. Existen normas técnicas y de habilitación separadas; en 2025 el Ministerio publicó una propuesta para modificar algunos apartados, cuyo estado jurídico final debe comprobarse. Distinga cuatro categorías: (1) ley o decreto; (2) norma técnica o protocolo oficial vigente; (3) política interna de la clínica; y (4) criterio médico individual documentado. Una clínica puede aplicar un cribado más estricto basado en evidencia, pero no debe presentar su propia política como obligación legal. [S1–S4]
| Cuestión | Mínimo jurídico confirmado | Qué falta comprobar |
|---|---|---|
| Elegibilidad del donante | Mayor de edad; no declarado incapaz judicialmente; el artículo 4 también usa «en libertad de estado». | Significado actual de la expresión sobre estado civil y requisitos adicionales vigentes. |
| Pruebas médicas del donante | Exámenes físicos y diagnósticos para prevenir enfermedades que afecten a la receptora o descendencia. | Lista exacta, vigencia, criterios de edad y protocolos genéticos/infecciosos. |
| Consentimiento y registros | Consentimiento informado escrito; consentimiento del donante; registros del centro y nacional; confidencialidad. | Revocación por etapa, revelación de identidad, conservación y uso de muestras. |
| Clínica | Debe cumplir los requisitos ministeriales; el Ministerio puede autorizar e inspeccionar. | Alcance actual de la autorización, especialista responsable y norma técnica vigente. |
| Gestante | El decreto de FIV no contiene una lista completa específica para la gestante. | Base jurídica concreta, evaluación de la gestante, contrato y vía de filiación. |
Documentos que deben solicitarse antes del tratamiento
Antes del tratamiento o del pago, use esta lista para documentar la base de cada paso médico y jurídico.
- Obtenga la autorización vigente y pida al Ministerio que confirme su alcance. Solicite las versiones consolidadas actuales de los decretos 39210-MP-S, 39616-S y 39646-S y cualquier modificación definitiva posterior a la consulta de 2025.
- Pida listas médicas separadas para padres de intención, donante de óvulos, donante de esperma y gestante. Para cada prueba, indique si deriva de una ley, norma/protocolo oficial, política clínica o criterio médico individual.
- Reúna antes de la estimulación, extracción, fecundación o transferencia todos los consentimientos, registros del donante, resultados, políticas de privacidad/conservación, procedimiento de revocación e instrucciones sobre embriones.
- Encargue a un abogado costarricense revisar la legalidad del acuerdo exacto, sus efectos, la filiación del niño, la inscripción del nacimiento, la nacionalidad y los documentos de salida/viaje en todos los países pertinentes.
Señales de alerta en las explicaciones de la clínica
Las siguientes afirmaciones son señales de alerta porque mezclan cuestiones jurídicas distintas o presentan material no verificado como derecho vinculante.
- «La FIV está disponible, por tanto la gestación subrogada está autorizada». La definición de FIV y los criterios de beneficiarios no prueban esa conclusión.
- «El donante no tiene derechos parentales, así que los padres de intención serán automáticamente padres legales». El estado del donante y la filiación de un niño nacido de una gestante son cuestiones distintas.
- «Estas pruebas son obligatorias por ley» sin artículo o disposición técnica vigente. Pregunte si se trata de ley, protocolo oficial, política clínica o criterio médico individual.
- «La clínica está autorizada» sin prueba actual de que el permiso cubre FIV-TE y la manipulación propuesta de gametos/embriones.
- Un proyecto de ley o consulta de 2025 se presenta como derecho vigente. Verifique la publicación final y la fecha de entrada en vigor en el diario oficial.
Secuencia prudente de actuación
La secuencia prudente es: primero, obtener una opinión jurídica costarricense actual sobre la legalidad del acuerdo concreto de gestación y la aplicación de las reglas a la gestante, los donantes y los padres de intención. Segundo, verificar de forma independiente la autorización de la clínica y las versiones actuales de los decretos 39210-MP-S, 39616-S y 39646-S, incluida la decisión final posterior a la consulta de 2025. Tercero, obtener el plan de pruebas y separar los requisitos vinculantes de la política clínica y del criterio médico individual. Cuarto, revisar consentimiento, privacidad, almacenamiento y revocación antes de firmar. Quinto, pedir asesoramiento separado sobre filiación, registro civil, nacionalidad y viajes en el país de nacimiento y en cada país donde se solicite reconocimiento o entrada. No inicie pasos clínicos irreversibles ni pagos elevados no reembolsables mientras la vía jurídica siga sin resolver. [S1–S5]
Conclusión
La conclusión defendible es limitada: el decreto costarricense sobre FIV contiene reglas expresas sobre elegibilidad de donantes, pruebas de enfermedades, consentimiento, registros, supervisión de clínicas y manejo de embriones. Son reglas importantes, pero no demuestran por sí solas que un programa con gestante esté permitido, que una lista concreta de pruebas sea exhaustiva o que los padres de intención sean reconocidos automáticamente como padres legales. La versión consolidada vigente en SINALEVI confirma que los apartados 4.3.5.16 y 4.3.5.17 fueron derogados por el Decreto n.º 45317, de 16 de octubre de 2025; no obstante, siguen pendientes la verificación del anexo consolidado completo y la aprobación de la modificación propuesta del apartado 4.1.1. Considere este texto una guía de decisión basada en investigación, no una autorización legal. Antes de iniciar el programa, un abogado costarricense debe confirmar las normas vigentes y aplicarlas al plan médico exacto, las personas participantes y el resultado buscado en materia de filiación. [S1–S5, S11]
Fuentes oficiales consultadas
- [S1] Decreto Ejecutivo No. 39210-MP-S, Autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria — Texto del diario oficial utilizado para las disposiciones centrales de FIV y donantes.
- [S2] Decreto Ejecutivo No. 39616-S, Norma para establecimientos de salud que realizan FIV-TE — Norma técnica oficial para establecimientos de FIV; no se trata como lista completa de pruebas de donantes.
- [S3] Ministerio de Salud de Costa Rica, Legislación sanitaria — Página ministerial que enumera el Decreto 39646-S; se verificó la referencia, no el anexo actual completo.
- [S4] Ministerio de Salud de Costa Rica, Consulta pública de normativa 2025— Página oficial de consulta sobre la propuesta de 2025; el texto consolidado confirma ahora la derogación de los apartados 4.3.5.16 y 4.3.5.17, mientras sigue sin verificarse la aprobación de la modificación separada del apartado 4.1.1.
- [S5] Ministerio de Salud de Costa Rica, Memoria institucional 2016 — Informe ministerial sobre el procedimiento de cumplimiento ante la Corte Interamericana en 2016; solo confirmación histórica.
- [S6] Sala Constitucional de Costa Rica, Resolución n.º 2016-001692 (3 de febrero de 2016) — Resolución nacional oficial que declaró inconstitucional el Decreto n.º 39210-MP-S por motivos de legalidad formal; debe leerse junto con la posterior decisión de la Corte Interamericana.
- [S7] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, Resolución de supervisión de cumplimiento (26 de febrero de 2016) — Resolución oficial de supervisión que exige acceso inmediato a la FIV y señala que la prohibición no podía seguir produciendo efectos jurídicos; no resuelve la gestación subrogada.
- [S8] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Casos Artavia Murillo y Gómez Murillo vs. Costa Rica, Resolución de supervisión de cumplimiento (22 de noviembre de 2019) — Resolución oficial de supervisión que recoge el informe estatal de que el Decreto n.º 39210-MP-S seguía vigente y no había sido modificado.
- [S9] Sala Constitucional de Costa Rica, Resolución n.º 15172-2025 (20 de mayo de 2025) — Resolución oficial sobre el traslado de embriones de una unidad pública de FIV a una clínica privada; exige directrices técnicas de seguridad, pero no autoriza en general la gestación subrogada.
- [S10] Sala Constitucional de Costa Rica, Resolución n.º 13258-2026 (21 de abril de 2026) — Resolución oficial sobre los registros de un embrión y la demora en resolver una solicitud relacionada con la gestación subrogada altruista; concede tutela procesal, no autorización de fondo.
- [S11] Sistema Costarricense de Información Jurídica (SCIJ/SINALEVI), versión vigente y consolidada del Decreto Ejecutivo n.º 39646-S— La entrada consolidada vigente registra la derogación de los apartados 4.3.5.16 y 4.3.5.17 por el Decreto 45317; sigue sin verificarse la aprobación de la modificación propuesta del apartado 4.1.1.
