Costa Rica · Conflictos, denegaciones y recursos

Vista ilustrativa desde arriba de documentos del expediente ordenados y un documento con datos ocultos; no es un expediente real.
Solo ilustración; no es un expediente real.

Costa Rica: disputas, denegaciones, responsabilidad y recursos legales

Cómo impugnar demoras de autoridades públicas o denegaciones de inscripción de nacimiento, conservar pruebas y evaluar reclamaciones sin presumir que la gestación subrogada está autorizada.

Alcance de esta guía

Esta guía aborda los conflictos que surgen cuando los padres intencionales, una gestante, una clínica, una agencia o una autoridad pública costarricense discrepan sobre un acuerdo de gestación subrogada. La palabra «denegación» puede describir situaciones muy distintas: una institución pública demora su respuesta, el Registro Civil rechaza una solicitud de inscripción de nacimiento, una clínica se niega a prestar un servicio o una parte privada discute un pago o el cumplimiento de un contrato.

Empiece por separar cuatro cuestiones: qué decidió o hizo realmente la autoridad o el proveedor; cuál es la situación jurídica actual del niño; qué recurso puede revisar esa decisión o conducta; y qué pruebas acreditan los hechos relevantes. Lograr que se reconozca una demora o la falta de información no autoriza, por sí solo, la gestación subrogada ni establece la filiación de los padres intencionales.

Situación jurídica en síntesis

A 22 de octubre de 2026, las fuentes primarias no acreditan una ley costarricense integral que regule específicamente la gestación subrogada. En la resolución n.º 2026-013258, de 21 de abril de 2026, el hospital público —no el tribunal como conclusión general— indicó que no existían reglas nacionales específicas sobre gestación subrogada ni sobre el uso o traslado de embriones criopreservados con ese fin. El tribunal ordenó facilitar información y resolver la solicitud pendiente; no autorizó el procedimiento.

Esta conclusión no significa que no existan instrumentos pertinentes. El Decreto Ejecutivo n.º 39210-MP-S (2015) autoriza la FIV, pero no es una ley específica sobre gestación subrogada. La Sala Constitucional lo anuló mediante la resolución n.º 2016-001692, de 3 de febrero de 2016, por vulnerar el principio de reserva de ley; sin embargo, la ficha oficial de SINALEVI señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante resolución de 26 de febrero de 2016, dispuso que el decreto se mantuviera vigente. La abogacía costarricense debe conciliar estas fuentes y confirmar la vigencia operativa del decreto y su relación con normas técnicas posteriores; no equivale a una autorización general de la gestación subrogada. Por separado, el texto del proyecto de ley n.º 18.824 publicado en La Gaceta el 30 de septiembre de 2015 proponía prohibir la gestación subrogada y establecer una pena de prisión de tres a seis años. Apareció en la sección «Proyectos» y no es por sí mismo una ley aprobada. No cite esa pena propuesta como derecho penal vigente sin verificar el estado final del proyecto y la legislación posterior.

Otras leyes, decretos, publicaciones en La Gaceta o proyectos legislativos pueden ser pertinentes; confirme el marco vigente antes de actuar. En 2022, la Sala Primera rechazó que de Artavia Murillo se derivara un derecho general a la gestación subrogada; las decisiones de la Sala Constitucional de 2025 y 2026 se refieren a cuestiones concretas de traslado de embriones o respuesta administrativa, no a una autorización general. Antes de actuar, un abogado costarricense debe verificar la legislación vigente y el estado de los proyectos de ley. Las reglas sobre FIV, manejo de embriones y habilitación de clínicas no crean automáticamente una vía jurídica para la gestación subrogada.

No extraiga conclusiones extremas de la falta de regulación. La ausencia de una ley específica no demuestra por sí sola que todo acto relacionado con la gestación subrogada sea delito; tampoco acredita que un contrato sea exigible, que una clínica pueda prestar el servicio o que los padres de intención vayan a inscribirse como progenitores legales. Cada cuestión depende de las normas aplicables y de los hechos.

Filiación e inscripción registral

El Código de Familia de Costa Rica es un punto de partida importante, pero no establece un régimen legal integral específico para la gestación subrogada. El artículo 78 dispone que la filiación en sí no puede ser objeto de transacción ni someterse a arbitraje, aunque sí pueden transigirse los derechos patrimoniales derivados de una filiación legalmente declarada. El artículo 92 permite establecer la condición de padre o madre mediante la posesión notoria del estado de hijo o por cualquier otro medio de prueba. Estas normas no resuelven por sí solas un acuerdo de gestación subrogada; muestran por qué no debe tratarse un contrato privado como prueba concluyente de la filiación legal.

Las reglas registrales añaden un aspecto probatorio práctico. El artículo 13 del Reglamento del Registro Civil exige que los documentos de inscripción cumplan la ley y reflejen correctamente los hechos jurídicos que acreditan; el artículo 20 dispone que, en los nacimientos hospitalarios, la declaración de nacimiento se contrasta con el expediente médico de la madre. Por eso, los documentos de nacimiento y hospitalarios son pruebas importantes, aunque la disputa también puede depender de los justificantes, del procedimiento correcto para establecer la filiación o del efecto jurídico atribuido al acuerdo. Identifique qué cuestión aborda realmente la resolución escrita.

Qué han decidido realmente los tribunales

En la resolución n.º 2026-013258, de 21 de abril de 2026, la Sala Constitucional estimó parcialmente un recurso de amparo contra la CCSS. Apreció infracciones porque la información técnica solicitada sobre un embrión criopreservado estaba incompleta y se había demorado la decisión sobre su uso o traslado para un proceso de gestación subrogada. Ordenó al hospital facilitar la información faltante en 10 días y resolver esa solicitud en el plazo de un mes desde la notificación. No autorizó la gestación subrogada y rechazó una petición separada para que se respetara el supuesto derecho a utilizar el embrión, al considerarla una exhortación que no generaba obligación de resolver sobre el fondo. Las costas, los daños y los perjuicios vinculados a los extremos estimados deberán cuantificarse en la ejecución contencioso-administrativa.

La resolución n.º 2025-015172, de 20 de mayo de 2025, se refería al traslado de embriones criopreservados en un tratamiento de FIV. Ordenó a la CCSS definir y aprobar, en un plazo de 15 días hábiles, directrices técnicas para un traslado seguro. Ese plazo, fijado para un caso concreto, no demuestra que las directrices se aprobaran después ni que sigan vigentes; antes de organizar un traslado, deben comprobarse las reglas actuales del Ministerio de Salud y de la CCSS. La resolución es pertinente para litigios sobre traslado de embriones, pero no autoriza de forma general la gestación subrogada, no valida todos los contratos de gestación subrogada ni determina automáticamente la filiación. En 2026, la Sala Constitucional remitió expresamente a las autoridades a esa resolución anterior.

En la resolución n.º 000943-F-S1-2022, de 5 de mayo de 2022, la Sala Primera de la Corte Suprema rechazó el argumento de que la sentencia de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo hubiera reconocido un derecho humano a la gestación subrogada. Distinguió la FIV de la gestación subrogada y rechazó la indemnización basada en esa extensión alegada. El razonamiento del tribunal inferior reproducido en la resolución consideró no legítimo el acuerdo concreto; sin embargo, el fallo propio de la Sala Primera no estableció una prohibición legal integral ni resolvió todas las modalidades o reclamaciones de derecho privado. Artavia Murillo no garantiza automáticamente la gestación subrogada.

Elegir el recurso según el problema

Utilice la siguiente tabla como orientación inicial, no como sustituto del examen de la resolución concreta y de las normas procesales vigentes.

Problema Primer paso Límite
Autoridad pública: silencio o falta de documentos Primer paso: solicite por escrito los documentos concretos y una resolución motivada; conserve el comprobante de presentación. Considere un recurso constitucional de amparo si la acción u omisión de una autoridad pública afecta un derecho fundamental protegido. Límite: el recurso puede conseguir información o una respuesta oportuna, pero no necesariamente la autorización de la gestación subrogada.
Registro Civil: inscripción denegada Primer paso: obtenga la denegación escrita y confirme la fecha en que se notificó. El Reglamento del Registro Civil prevé una apelación ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) contra determinadas denegaciones. Límite: el plazo previsto suele ser de tres días desde la notificación. Confirme inmediatamente la vía y el plazo aplicables.
Conflicto sobre filiación o adopción Primer paso: consulte a un abogado costarricense de derecho de familia sobre el procedimiento correcto ante el juzgado de familia o el Registro Civil. Límite: un contrato o una prueba de ADN no sustituyen automáticamente el estado civil existente. La adopción, cuando sea jurídicamente posible, tiene requisitos legales propios y no es una solución alternativa automática.
Conflicto con clínica o agencia, pagos o atención médica Primer paso: separe la reclamación por el servicio o el pago del estado jurídico del niño. Examine posibles vías contractuales, de responsabilidad civil, de supervisión sanitaria o disciplinarias profesionales. Límite: debe probarse el fundamento jurídico, el incumplimiento, la causalidad y el daño. No suponga que un tribunal puede obligar a la gestante a entregar al niño o hacer cumplir todas las cláusulas de un contrato.

Si una autoridad pública no responde o deniega documentos

Dirija una solicitud escrita a la autoridad competente para la cuestión concreta. Separe la petición de documentos existentes —por ejemplo, informes médicos, datos de laboratorio del embrión, formularios de consentimiento, números de expediente o correspondencia— de la solicitud de autorización sustantiva. Indique la decisión solicitada, las fechas pertinentes, la urgencia, los datos de contacto y las pruebas adjuntas; solicite acuse de recibo, identificación de la oficina responsable y una respuesta escrita motivada.

Conforme a la Ley n.º 9097, una petición comprendida en su ámbito suele requerir respuesta en 10 días hábiles, salvo que exista una regla especial. El artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional regula por separado cuándo puede interponerse amparo por falta de respuesta a una petición si no se ha fijado un plazo concreto. Una solicitud compleja de autorización sustantiva es distinta: el procedimiento aplicable y el plazo razonable deben evaluarse por separado. El silencio no equivale a una autorización automática de gestación subrogada ni de traslado de embriones.

El artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional permite el amparo contra acciones u omisiones públicas que vulneren o amenacen un derecho fundamental. El caso de 2026 demuestra que puede servir para obtener información pendiente y una decisión oportuna. No significa que toda denegación sea inconstitucional ni que el Tribunal deba conceder la petición de fondo. Para cuestiones ordinarias de legalidad administrativa, conflictos procesales complejos o indemnizaciones, puede corresponder la jurisdicción contencioso-administrativa. El foro depende de la pretensión real; no suponga que siempre sea obligatorio agotar un recurso administrativo interno ni que nunca sea pertinente.

Si el Registro Civil deniega la inscripción

Solicite la resolución escrita íntegra, sus fundamentos jurídicos y fácticos, los documentos examinados y las instrucciones para recurrir. Anote la fecha y el medio de notificación. El artículo 50 del Reglamento del Registro Civil prevé que determinadas resoluciones denegatorias sean revisadas por el TSE mediante apelación; el artículo 51 establece, por regla general, un plazo de tres días desde la notificación, salvo que rija un plazo especial. Trátelo como un plazo urgente y confirme de inmediato la norma vigente y las instrucciones de su resolución con un abogado costarricense.

Presente la apelación por el canal correcto, con una cronología breve, el error concreto que alega, los documentos justificativos y una petición clara. Solicite acceso al expediente si es necesario, pero no permita que una petición informal de aclaración haga vencer el breve plazo de apelación. Si el verdadero conflicto es la filiación jurídica y no un defecto documental corregible, el abogado debe valorar si hace falta un procedimiento ante el juzgado de familia u otra vía judicial. El amparo no sustituye una apelación ordinaria sobre hechos controvertidos.

Clínica, agencia, contrato e indemnización

Conserve el contrato firmado y sus modificaciones, identifique a todas las partes y revise las cláusulas sobre ley aplicable, foro, solución de controversias, pagos, reembolsos, cancelación, confidencialidad y representación. Guarde el texto exacto de las promesas sobre filiación, inscripción, habilitación de la clínica, documentos de viaje o resultados garantizados. Antes de formular una reclamación contractual, obtenga asesoramiento independiente de un abogado costarricense de familia y salud.

Puede ser pertinente valorar una reclamación separada si existen pruebas de atención médica negligente, manipulación no autorizada o pérdida de material reproductivo, afirmaciones engañosas, vulneraciones de privacidad, reembolsos no pagados u otro incumplimiento jurídicamente relevante. Según los hechos, las vías pueden incluir una demanda civil, una denuncia ante la autoridad sanitaria competente o una queja disciplinaria profesional. La parte demandada, el foro, el plazo de prescripción y el remedio disponible requieren un análisis individual. Una queja o reclamación de daños contra un proveedor no establece por sí misma la filiación.

La indemnización depende de los hechos. La condena de 2026 se refería a las infracciones acreditadas sobre información y demora, no a la denegación de un derecho general a la gestación subrogada. Cualquier otra persona reclamante debe probar por separado la base jurídica, la causalidad y el daño resarcible.

Pruebas que conviene conservar ya

Conserve los archivos originales y sus metadatos; prepare un conjunto de copias ordenado e indexado por fecha. Según el conflicto, reúna:

  • La denegación o resolución escrita, el sobre completo o las cabeceras del correo electrónico y la prueba de la fecha de notificación.
  • Cada solicitud, recurso, recordatorio, acuse de presentación, número de expediente, aviso de plazo y respuesta de la autoridad.
  • Contratos firmados y modificaciones, facturas, recibos, transferencias bancarias, condiciones de reembolso y el texto exacto de la publicidad o las garantías escritas de la clínica o agencia.
  • Formularios de consentimiento, historia clínica, informes de laboratorio y embriología, registros de crioconservación o traslado, datos de cadena de custodia y nombres de los proveedores responsables.
  • Mensajes, correos electrónicos, notas de llamadas, datos de testigos y un registro cronológico de quién dijo o hizo qué, cuándo y por qué canal.
  • Documentos de nacimiento y hospitalarios, extractos actuales del Registro Civil, resoluciones existentes sobre filiación o adopción, documentos de identidad y sentencias extranjeras con la traducción certificada o autenticación que se requiera.
  • No edite, antedate, reconstruya ni oculte documentos. Proteja los datos médicos y de identidad sensibles del niño y de la gestante y compártalos únicamente con quienes los necesiten para el procedimiento.

Las consecuencias transfronterizas son distintas

Un recurso administrativo o judicial en Costa Rica no resuelve automáticamente la nacionalidad, la expedición de pasaporte, el permiso de salida, la entrada en otro país ni el reconocimiento de la filiación en el extranjero. Compruebe por separado la ley y la práctica de cada país pertinente, incluido el posible país de nacionalidad del niño y el país de residencia de los padres intencionales. Las autoridades consulares pueden exigir documentos adicionales a un certificado de nacimiento costarricense o a un acuerdo privado.

No suponga que nacer en Costa Rica, tener un vínculo genético, mantener un proceso judicial pendiente o contar con un contrato garantiza la nacionalidad o el derecho a viajar. Planifique en paralelo la inscripción, la filiación y los documentos de viaje, pero no confunda estas cuestiones.

Secuencia práctica

  1. Clasifique el conflicto: documentos, demora, denegación registral, filiación, conducta médica, contrato o dinero.
  2. Identifique hoy todos los plazos. Si el Registro Civil ha denegado una inscripción, compruebe de inmediato el breve plazo de apelación ante el TSE; no espere un dictamen separado antes de preservarlo.
  3. Presente la solicitud o apelación concreta por el canal oficial y conserve la prueba de presentación y entrega.
  4. Prepare un expediente de pruebas indexado y una cronología neutral. Separe los hechos demostrables de las afirmaciones controvertidas.
  5. Pida a un abogado costarricense que elija el foro y el remedio: recurso administrativo, amparo constitucional, proceso contencioso-administrativo, procedimiento de familia, demanda civil o denuncia ante el organismo supervisor.
  6. Proteja la seguridad, identidad e interés superior del niño. No falsee quién dio a luz, no presente datos registrales inexactos ni utilice acuerdos informales para eludir los procedimientos oficiales.
  7. Si algún participante o padre intencional está en el extranjero, compruebe al mismo tiempo el reconocimiento de la filiación, la nacionalidad y los requisitos de documentos de viaje en el país correspondiente.

Qué confirmar antes de actuar

La vía correcta puede cambiar según el lugar donde se creó el embrión, transcurrió el embarazo y ocurrió el nacimiento; los vínculos genéticos; el consentimiento informado de la gestante; los pagos; si el proveedor es público o privado; el texto y la fecha de la denegación; la situación actual del niño; y cualquier resolución judicial o extranjera existente. Esos hechos deben verificarse antes de escoger un recurso.

Antes de utilizarlo, verifique la legislación y los plazos vigentes, examine el expediente completo y obtenga revisión de un abogado costarricense. No se incluye una sección de preguntas frecuentes porque las cuestiones prácticas adicionales ya se abordan en las indicaciones sobre la elección de la vía.

Fuentes primarias

  1. Código de Familia, Ley n.º 5476 (arts. 78 y 92)
  2. Sala Constitucional, resolución n.º 2026-013258 (21 de abril de 2026)
  3. Sala Constitucional, resolución n.º 15172-2025 (20 de mayo de 2025)
  4. Sala Primera, resolución n.º 000943-F-S1-2022 (5 de mayo de 2022)
  5. Reglamento del Registro del Estado Civil, Decreto TSE n.º 6-2011 y sus reformas (arts. 13, 20, 50–51)
  6. Ley de la Jurisdicción Constitucional, Ley n.º 7135 (arts. 29 y 32)
  7. Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley n.º 9097
  8. Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley n.º 8508
  9. Decreto Ejecutivo n.º 39210-MP-S, autorización de FIV y transferencia embrionaria (2015; ficha SINALEVI con nota sobre resolución de la Corte IDH de 26 de febrero de 2016)
  10. Sala Constitucional, resolución n.º 2016-001692 (3 de febrero de 2016)
  11. La Gaceta n.º 190, 30 de septiembre de 2015, proyecto de ley, expediente 18.824 (texto propuesto)

Última actualización:

Autor: Khachatrian Razmik, LL.M.

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