Cuba: requisitos médicos y de donación de gametos en la gestación subrogada
Alcance y marco jurídico vigente
A fecha de 22 de octubre de 2026, esta guía distingue las normas obligatorias de la práctica clínica en materia de reproducción asistida y «gestación solidaria» en Cuba. Examina el Código de las Familias, Ley 156/2022; la Ley de Salud Pública, Ley 165/2023; el Decreto 133/2025 que desarrolla esa ley; y la Resolución 1151/2022 del Ministerio de Salud Pública, que contiene las reglas detalladas sobre reproducción asistida localizadas en las fuentes jurídicas accesibles.
La Ley 165 y el Decreto 133 se publicaron en la Gaceta Oficial, número 9, el 23 de enero de 2026 y, conforme a sus disposiciones finales, entraron en vigor 90 días después, el 23 de abril de 2026. No consta una derogación expresa de la Resolución 1151/2022 y sus reglas centrales sobre consentimiento, donación y prácticas prohibidas concuerdan con la ley posterior. Sin embargo, no se encontró un registro oficial consolidado que confirme la vigencia de cada disposición ni el conjunto completo de protocolos técnicos actuales del Ministerio. Por ello, la Resolución es la norma detallada aplicable, pero su estado actual debe confirmarse antes de tomar una decisión clínica.
El artículo aborda los requisitos médicos, la persona gestante y los gametos donados. No determina si una persona extranjera concreta puede acceder a un programa, cómo se reconocerá la filiación en otro país ni si una clínica específica acepta un caso.
Requisitos previos: consentimiento, equipo cualificado y centro autorizado
Antes de aplicar técnicas de reproducción asistida, el artículo 137(3) de la Ley 165 y el artículo 5 de la Resolución 1151 exigen consentimiento informado previo formalizado mediante escritura notarial pública. Debe ser libre, informado y expreso. La Resolución dispone que el consentimiento sea independiente para cada intento y pueda revocarse antes o durante la técnica. En una gestación solidaria ya autorizada por un tribunal, debe consultarse a un abogado cubano sobre los efectos de una revocación en el procedimiento aprobado.
El tratamiento debe realizarse en instituciones certificadas para ese fin. El Ministerio de Salud Pública fija los requisitos de autorización y certificación de centros, servicios y bancos de gametos o embriones. La página web de una clínica, lo que diga un intermediario o la presencia de equipos médicos no demuestra que exista la autorización requerida.
La atención corresponde a equipos biomédicos y multidisciplinarios cualificados. En la gestación solidaria, el equipo médico debe aportar al tribunal actuante información integral sobre la futura gestante y la persona o personas comitentes. La autorización judicial previa es un requisito legal, no un formulario opcional de la clínica.
¿Quién puede participar en una gestación solidaria?
Los artículos 130 a 133 del Código de las Familias establecen condiciones específicas. La futura gestante y cada persona comitente deben tener al menos 25 años. La gestante debe estar unida a las personas comitentes por vínculos familiares o una relación afectiva cercana; la ley no describe un acuerdo abierto con una persona desconocida como supuesto ordinario admisible.
La gestación debe ser altruista y no poner en peligro la salud de quienes intervienen. El Código identifica como beneficiarios a una mujer que no pueda gestar por causa médica, un hombre solo o una pareja de hombres. Cuando corresponda, deben haberse agotado o haber fracasado otras técnicas de reproducción asistida. El tribunal debe considerar el interés superior del niño que pueda nacer.
- La gestante debe tener pleno discernimiento, buena salud física y psíquica y una edad compatible con llevar el embarazo a término con éxito.
- No debe haberse sometido anteriormente a un proceso de gestación solidaria.
- No aporta su propio óvulo. El procedimiento se basa en la transferencia de embriones mediante reproducción asistida de alta tecnología.
- La autorización judicial debe obtenerse antes de iniciar el procedimiento médico. La clínica no puede transferir un embrión sin ella.
La transferencia embrionaria debe iniciarse dentro de los 365 días siguientes a la autorización judicial. El tribunal puede prorrogar ese plazo una sola vez, por 60 días, mediante una nueva decisión judicial. Compruebe la fecha de la resolución y solicite cualquier prórroga al tribunal; la programación de la clínica no amplía por sí sola el plazo legal.
Las consecuencias de actuar sin autorización son importantes: conforme al artículo 134 del Código de las Familias, la filiación se determina entonces según las reglas de la procreación natural. La falta de autorización u otro incumplimiento de los requisitos de esta sección también puede dar lugar a la inhabilitación permanente del personal médico responsable y a la responsabilidad penal que corresponda.
Aptitud médica: qué exige la ley
El Código de las Familias establece las condiciones de idoneidad de la gestante. Los artículos 9 y 12 de la Resolución 1151 añaden una evaluación multidisciplinaria de la capacidad reproductiva, las probabilidades de éxito y los riesgos para las personas participantes y el posible menor. Como no se conoce un registro oficial consolidado que acredite la vigencia actual de la resolución (a octubre de 2026), pida al centro que identifique el protocolo que aplica actualmente.
Los textos revisados no contienen una lista pública completa de contraindicaciones médicas para gestantes ni un catálogo exhaustivo de pruebas de laboratorio obligatorias para donantes. Su silencio no permite inventar un umbral universal de IMC, un número obligatorio de partos anteriores, una prueba psicológica concreta o una lista cerrada de infecciones. La clínica puede aplicar criterios médicos justificados o un protocolo técnico aprobado, pero debe identificar la base escrita y explicar si se trata de ley, norma ministerial o política clínica propia.
Si se rechaza un caso, solicite una explicación escrita con el hallazgo médico, la norma o protocolo aplicado y la posibilidad de reevaluación o de una técnica alternativa. La ley exige una valoración razonada de la seguridad, pero no garantiza la admisión ni el éxito del tratamiento.
Límites de edad y criterios de cada técnica
El artículo 12 de la Resolución 1151 establece límites generales: por regla general, las mujeres deben tener al menos 20 y no más de 45 años; los hombres, al menos 20 y no más de 55. Para la gestación solidaria existe un mínimo más específico: el Código de las Familias exige que la gestante y cada persona comitente tengan al menos 25 años. No debe confundirse ninguna de estas reglas con la edad del donante.
El artículo 13 permite excepcionalmente el acceso por encima del máximo general cuando lo justifique la salud materno-infantil, tras la evaluación y aprobación de una comisión multidisciplinaria de expertos activada por el ministro de Salud Pública. También prevé límites de edad específicos según la técnica. La excepción no es automática ni puede aprobarla una clínica por sí sola. Antes de empezar, obtenga una decisión escrita de la autoridad competente.
El reglamento vincula ciertos métodos a indicaciones médicas concretas: FIV convencional para personas menores de 40 años con reserva ovárica confirmada médicamente; ICSI cuando existen parámetros espermáticos reducidos o alterados o azoospermia obstructiva; y FIV con óvulos donados para personas mayores de 40 años o menores de 40 con reserva ovárica disminuida confirmada. Son criterios de cada método, no una lista universal para toda gestación subrogada.
Edad del donante y límite de nacimientos
El artículo 223 de la Ley 165 y el artículo 28 de la Resolución 1151 fijan la edad del donante entre 20 y 34 años. La concepción mediante material de un mismo donante está limitada a dos nacimientos. Esta regla se aplica al donante, no a las personas comitentes ni a la gestante.
Según el artículo 29 de la Resolución 1151, el centro debe verificar de forma fehaciente la identidad del donante y comprobar donaciones anteriores y los nacimientos derivados de ellas. El límite debe asegurarse mediante trazabilidad, no solo por una declaración oral sin comprobar. Si se supera el número de nacimientos permitido, deben destruirse las muestras restantes de esa persona conforme a las normas aplicables al material biológico.
Antes de aceptar el material, pregunte cómo se comprueban la identidad, las donaciones y los nacimientos anteriores, cómo se documenta el resultado y cómo se evita el uso por encima del límite. La ausencia de un proceso claro de trazabilidad no es un detalle administrativo menor.
Condiciones de donación, identidad y remuneración
La donación de gametos o embriones debe formalizarse mediante un acuerdo altruista y formal, sin remuneración entre el donante, los beneficiarios y el centro autorizado receptor. El artículo 43 de la Resolución 1151 califica como infracción muy grave pagar o recibir compensación económica en procesos de reproducción asistida. El donante puede ser conocido o anónimo. Cuando la donación se acuerda con los beneficiarios, el artículo 222(2) de la Ley 165/2023 deja al donante la decisión de participar o no en un proyecto de parentalidad o multiparentalidad; deben revisarse el acuerdo concreto y sus consecuencias conforme al derecho de familia, sin darlas por supuestas.
El artículo 222(3) también permite al donante revocar el acuerdo con el centro autorizado si necesita para sí los gametos donados, siempre que sigan disponibles en el momento de la revocación. La disposición se refiere expresamente al acuerdo con el centro y no resuelve por sí sola todas las consecuencias de un acuerdo separado con los beneficiarios. Antes de confiar en material de donante almacenado, pida al centro por escrito que explique cómo tramita la revocación, comprueba la disponibilidad e informa a los beneficiarios afectados; solicite revisión de cualquier acuerdo por un abogado cubano.
No confunda el pago al donante con los gastos de la gestante. El Código de las Familias prohíbe la remuneración, los regalos y otros beneficios en la gestación solidaria, pero preserva expresamente la obligación legal de alimentos a favor del concebido y la compensación de los gastos generados por el embarazo y el parto. Esta excepción limitada para gastos no crea un derecho general a comprar gametos ni a pagar al donante. Los gastos o beneficios propuestos deben analizarse por separado conforme al acuerdo y al derecho cubano.
La donación anónima no garantiza que la identidad nunca pueda revelarse. Las normas protegen la confidencialidad, pero prevén excepciones limitadas.
Cribado de donantes: se exigen estudios, pero no se encontró una lista completa de pruebas
El reglamento sí impone deberes relacionados con el cribado. Según el artículo 43 de la Resolución 1151, omitir información o estudios previos destinados a proteger los intereses de donantes y usuarios constituye una infracción grave. La transmisión negligente de una enfermedad congénita o hereditaria también es una infracción grave. Los centros deben mantener historias clínicas y registros de identidad y donaciones.
Sin embargo, las disposiciones accesibles revisadas no enumeran un panel exhaustivo de pruebas infecciosas o genéticas obligatorias, plazos de validez, reglas de cuarentena ni intervalos de repetición. Esto no demuestra que no existan requisitos en un protocolo ministerial vigente, una norma técnica o una instrucción del centro. La clínica no debería presentar un panel concreto como lista legal sin citar el instrumento y artículo aplicables.
También se comprobó una norma oficial posterior: la Resolución 174/2025 del Ministerio de Salud Pública, publicada en la Gaceta Oficial n.º 40 el 6 de mayo de 2026. Regula la organización de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidas disposiciones centradas en adolescentes; el texto examinado no contiene un panel completo de pruebas para donantes de gametos ni sustituye expresamente la Resolución 1151/2022. Esto no demuestra que no exista un protocolo ministerial separado.
Solicite el protocolo escrito de cribado del donante: antecedentes médicos y familiares; evaluación de riesgos infecciosos y genéticos; pruebas de laboratorio; laboratorio responsable; vigencia de los resultados; cuándo se repiten; manejo de resultados positivos o indeterminados; y protección de la identidad en los registros. La clínica debe distinguir en cada punto entre ley vinculante, protocolo aprobado y política interna basada en riesgos.
Restricciones de laboratorio y embriones
El artículo 138 de la Ley 165 y los artículos 41 y 43 de la Resolución 1151 prohíben o sancionan diversas prácticas: reproducción asistida sin consentimiento voluntario; creación de embriones con fines distintos de la procreación; transferencia de embriones concebidos a partir de gametos utilizados en investigación o experimentación; producción de híbridos interespecíficos; clonación; y gestación solidaria sin autorización judicial previa.
Existe un conflicto importante entre fuentes: la Resolución 1151, anterior, menciona ensayos clínicos permitidos en su disposición sobre híbridos interespecíficos, mientras que la Ley 165, posterior, establece la prohibición sin esa excepción. No debe confiarse en el texto anterior como autorización; solicite una interpretación jurídica cubana actual antes de invocar una excepción.
La Resolución también considera infracciones muy graves el uso de técnicas no autorizadas, el tratamiento en centros sin la certificación requerida, la transferencia sin garantías biológicas de viabilidad, la selección del sexo, la manipulación genética no autorizada, el desarrollo in vitro de embriones más allá de seis días desde la fecundación y determinadas prácticas indebidas de creación o transferencia. Como regla general, pueden transferirse como máximo dos embriones por mujer y ciclo; excepcionalmente, hasta tres con indicación médica expresa y autorización del director de la unidad hospitalaria correspondiente. Para las técnicas de alta tecnología pertinentes a la gestación solidaria, el artículo 19 limita a tres los ciclos reproductivos por mujer; los ciclos de baja tecnología tienen una regulación separada, por lo que no debe aplicarse este número indiscriminadamente a todos los métodos.
Antes del procedimiento, pida al centro que identifique la norma vigente aplicable a la técnica concreta y documente cualquier excepción. No confíe en la garantía verbal de un intermediario de que puede eludirse un límite.
Consentimiento, confidencialidad e historias clínicas
El consentimiento notarial es obligatorio, pero no sustituye la explicación médica. Antes de firmar, cada participante debe comprender la técnica propuesta, los riesgos importantes, las alternativas, el uso y almacenamiento de gametos o embriones, el papel de cada persona y los registros que se crearán. La Resolución 1151 exige también consentimiento informado notarial para la crioconservación; el uso de gametos o embriones crioconservados requiere autorización previa del director de la unidad hospitalaria correspondiente.
En la donación anónima, los datos personales del donante son confidenciales. La Resolución permite revelar la identidad si es indispensable para evitar un peligro cierto para la vida o alcanzar un fin legal; el acceso queda restringido y la revelación con finalidad jurídica sigue la vía judicial. El artículo 122 del Código de las Familias reconoce al hijo, cuando sea relevante para su salud, el derecho a saber que fue concebido mediante reproducción asistida y a obtener información sobre su origen gestacional o genético y los datos médicos del donante. Como regla general se excluye la identidad; la excepción requiere una razón relevante establecida judicialmente.
Conserve copias de todos los consentimientos notariales, informes médicos, resultados de cribado, autorizaciones de almacenamiento o uso, resolución judicial y explicaciones escritas de la clínica. Pregunte quién puede acceder a cada registro y qué excepciones legales de confidencialidad existen.
Ley vinculante y política de la clínica: comparación práctica
| Cuestión | Regla vinculante identificada | Qué preguntar a la clínica |
|---|---|---|
| Gestante | Al menos 25 años; vínculo familiar o afectivo estrecho; buena salud física y psíquica; ninguna gestación solidaria anterior; no aporta su propio óvulo; autorización judicial previa al tratamiento. | ¿Qué evaluaciones médicas se exigen y qué protocolo ministerial o política clínica escrita respalda cada criterio adicional? |
| Donante de gametos | 20–34 años; máximo dos nacimientos por donante; comprobación de identidad e historial de donaciones/nacimientos; donación formal y altruista sin remuneración. | ¿Cómo se verifican y registran la identidad, nacimientos anteriores, resultados de laboratorio y trazabilidad? |
| Cribado médico | Se requieren información y estudios previos y una evaluación multidisciplinaria razonada de riesgos; la transmisión negligente de enfermedades congénitas o hereditarias es sancionable. | Entregue la lista exacta de pruebas, su vigencia, las reglas de repetición y la cita legal o protocolaria. No presente una política interna como disposición legal sin fuente. |
| Técnica y centro | Centro certificado, consentimiento notarial previo, autorización judicial para gestación solidaria y cumplimiento de límites técnicos y de transferencia de embriones. | Muestre la certificación actual, el plan de tratamiento, el límite de transferencia y cualquier autorización escrita de excepción. |
Una clínica puede aplicar criterios adicionales de seguridad basados en evidencia y recomendar pruebas más amplias que el mínimo expresamente citado por la ley. La clave es la transparencia: una política médica más estricta no es automáticamente ilícita, pero no debe describirse falsamente como límite legal de edad, prueba o elegibilidad. A la inversa, una política interna no puede dispensar de una obligación o prohibición vinculante.
Documentos que conviene pedir antes de aceptar
- La base jurídica vigente y el número de artículo de cada límite, incluida la confirmación de que la Resolución 1151/2022 sigue siendo aplicable tras los cambios sanitarios de 2026.
- Prueba de autorización o certificación del centro, servicio y banco de gametos/embriones para las técnicas previstas.
- Informe médico escrito de las personas comitentes y la futura gestante, con aptitud, riesgos, alternativas y contraindicaciones.
- Protocolo de cribado del donante, resultados de laboratorio pertinentes, antecedentes médicos y familiares y confirmación de que se comprobaron la identidad y el límite de dos nacimientos.
- Condiciones por escrito que expliquen el derecho de revocación del donante conforme al artículo 222(3) de la Ley 165/2023, incluida la forma de comprobar la disponibilidad de los gametos y de tratar cualquier acuerdo separado con los beneficiarios.
- Todos los consentimientos notariales exigidos; la autorización judicial previa para la gestación solidaria; y, si se utiliza material almacenado, el consentimiento de almacenamiento y la autorización de uso correspondientes.
- Plan escrito de la técnica, transferencia embrionaria, número de ciclos, registros y confidencialidad, además de la fuente de cualquier autorización excepcional.
Guarde los documentos en un único expediente fechado. Si un documento solo está disponible en español, obtenga una traducción fiable antes de firmar un consentimiento o aceptar una condición jurídica importante.
Señales de alerta para detener el proceso
Detenga el proceso y solicite una revisión médica y jurídica cubana independiente si la clínica o el intermediario propone iniciar el tratamiento o transferir el embrión antes de la autorización judicial; no muestra su certificación; ofrece pagar al donante; no explica cómo verifica la identidad y los nacimientos anteriores; omite estudios previos o historias clínicas; o presiona para firmar sin explicar notarialmente riesgos y alternativas.
También conviene detenerse si la clínica afirma que una prueba, límite de edad o evaluación psicológica es «exigida por ley» pero no puede identificar la norma y el artículo, o sostiene que una condición legal puede omitirse porque acepta el caso. Pida la justificación por escrito.
Cuestiones pendientes y próximos pasos
Los textos accesibles establecen varias reglas importantes, pero no contienen un panel completo y actualizado de pruebas para donantes ni todos los protocolos clínicos de los centros. También debe confirmarse con los documentos vigentes del Ministerio de Salud Pública que cada disposición detallada de la Resolución 1151/2022 siga operativa tras las reformas de 2026.
Antes de gastar dinero o iniciar medicación, solicite al centro cubano autorizado su protocolo escrito vigente y encargue a un abogado con experiencia en derecho cubano que verifique la versión aplicable de las normas sanitarias; los criterios médicos para la gestante y técnica concretas; el cribado y trazabilidad de los gametos; los documentos notariales; y la lista y los plazos de la autorización judicial. Si alguna persona es extranjera o no residente, confirme por separado el acceso y la elegibilidad, sin deducirlos de las reglas generales. No debe iniciarse el tratamiento solo porque la clínica acepte el caso.
Fuentes y límites de verificación
- Cuba, Gaceta Oficial n.º 9 de 23 de enero de 2026: Ley 165/2023 y Decreto 133/2025 — reproducción íntegra accesible
- Resolución 1151/2022 del Ministerio de Salud Pública: Reglamento de Reproducción Asistida — texto íntegro accesible
- Ley 156/2022, Código de las Familias, Gaceta Oficial de Cuba — reproducción íntegra accesible
- Gaceta Oficial de Cuba — índice vigente de normas sanitarias (Ley 165/2023, Decreto 133/2025 y Resolución 174/2025)
- Gaceta Oficial de Cuba, n.º 40 de 6 de mayo de 2026: Resolución 174/2025 sobre organización de los servicios de salud sexual y reproductiva
Los textos de la Ley 165/2023, el Decreto 133/2025, el Código de las Familias y la Resolución 1151/2022 se revisaron mediante reproducciones accesibles alojadas en sitios de terceros. El índice oficial de la Gaceta Oficial incluye la Ley 165/2023, el Decreto 133/2025 y la Resolución 174/2025; también se examinó el PDF oficial de la Resolución 174/2025. Confirme el texto oficial íntegro del número 9 de la Gaceta y el estado oficial consolidado de la Resolución 1151/2022antes de actuar. Antes de confiar en ellos, un abogado cubano debe confirmar la redacción vigente y cualquier protocolo ministerial separado.
