Costa Rica · Clínicas, agencias, contratos y pagos

Documentos contractuales, calendario de pagos, bolígrafo y calculadora sobre una mesa durante una revisión jurídica y financiera.

Costa Rica: contratos, agencias y pagos en gestación subrogada — límites y riesgos legales

Este análisis trata de los riesgos de la operación; no afirma que un programa de gestación subrogada esté autorizado. La fuente reciente clave localizada es la resolución n.º 13258-2026 de la Sala Constitucional, de 21 de abril de 2026, relativa a una solicitud de uso o traslado de un embrión criopreservado para gestación subrogada. La Sala acogió parcialmente el recurso por falta de información completa y demora: ordenó al hospital entregar la información solicitada y resolver la petición dentro de los plazos indicados.

La resolución no autorizó el procedimiento solicitado, no creó un derecho general a la gestación subrogada ni decidió si los contratos privados son ejecutables. El expediente oficial incluye la posición del hospital de que Costa Rica carece de legislación o normativa nacional específica sobre gestación subrogada. A 22 de octubre de 2026, la conclusión prudente es que existe una incertidumbre jurídica importante: no que todo acuerdo privado sea nulo o delictivo, ni que las clínicas, agencias o pagos estén autorizados.

1. Qué dice —y qué no dice— la resolución judicial reciente

La resolución de 2026 es relevante porque es reciente y trata directamente la gestación subrogada, pero su alcance es procesal. La mayoría constató que no se había entregado información completa y que se había demorado injustificadamente la respuesta sobre el uso o traslado del embrión. Ordenó al hospital entregar la información y resolver la solicitud; no decidió el fondo autorizando el procedimiento.

La declaración del hospital sobre la ausencia de un marco nacional específico refleja la posición jurídica de esa institución en el caso, no una prohibición legislativa general creada por la Sala. La resolución tampoco demuestra que todo acuerdo privado sea lícito. Una decisión posterior de la autoridad competente, nueva legislación o los hechos concretos del programa pueden cambiar el análisis.

2. Un contrato firmado no equivale a un acuerdo de gestación subrogada ejecutable

El derecho privado costarricense reconoce la libertad contractual, pero tiene límites. En su opinión de 2025 sobre principios generales —no sobre gestación subrogada—, la Procuraduría General de la República resume límites como el orden público, la moral, los derechos de terceros, la buena fe y el equilibrio razonable entre obligaciones. El nombre del contrato no convierte en lícito un fin ilícito ni crea facultades que la ley no concede.

No consta un régimen legal específico para la gestación subrogada; por eso, no debe anunciarse un acuerdo privado como garantizado ejecutable. Un tribunal podría distinguir entre la promesa ordinaria de pagar servicios lícitos y cláusulas que pretendan imponer tratamiento médico, fijar de antemano la filiación, obligar a entregar al niño tras el nacimiento o vincular al Registro Civil o a un hospital público. Se necesita un dictamen de un abogado costarricense sobre el contrato concreto y los hechos.

3. Clínicas: el permiso sanitario general no autoriza por sí solo la gestación subrogada

Las normas sanitarias de Costa Rica exigen los permisos o habilitaciones aplicables a los establecimientos y servicios de salud. Verifique el permiso vigente de la clínica, los servicios exactos que cubre, los profesionales responsables y los requisitos técnicos aplicables. Solicite el documento oficial y confírmelo con la autoridad emisora; no basta un distintivo en la web ni una afirmación de la agencia.

No considere un permiso ordinario ni la experiencia en FIV como autorización de la gestación subrogada. Costa Rica regula por separado la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria (FIV-TE) mediante los decretos n.º 39210-MP-S (2015), 39616-S (2016) y 39646-S (2016, modificado en 2025). Estas normas regulan el acceso a la FIV, su funcionamiento técnico y la habilitación de clínicas; los textos revisados no establecen expresamente un régimen integral de gestación subrogada ni confirman que esté cubierta la transferencia al útero de una gestante. La resolución n.º 15172-2025 se refería al traslado de embriones de un hospital público a una clínica privada en el caso concreto de los solicitantes y con salvaguardas técnicas; no es una autorización general de programas de gestación subrogada. La resolución n.º 13258-2026 exigió responder a una solicitud concreta, no aprobar el procedimiento en general. Los organismos públicos están sujetos al principio de legalidad y los proveedores privados deben cumplir las normas sanitarias y demás leyes aplicables. Obtenga asesoramiento escrito y actualizado sobre el procedimiento exacto.

4. Agencias e intermediarios: compruebe qué hacen realmente

Las fuentes no permitieron establecer una categoría de licencia costarricense específica para agencias de gestación subrogada. Es un punto pendiente de verificación, no prueba de que no exista ninguna licencia ni de que todas las agencias sean ilegales o estén autorizadas. Solicite razón social, número registral, datos fiscales, domicilio, directivos, subcontratistas y fundamento jurídico de cada actividad propuesta.

Separe la coordinación y traducción de la atención médica, la representación jurídica, la custodia de fondos o el depósito en garantía. El contrato debe identificar al prestador de cada servicio, la responsabilidad si falla un subcontratista, cuándo se devengan los honorarios y quién conserva el dinero. Las promesas de “garantizar” el acta de nacimiento, la filiación, la nacionalidad, el pasaporte o la autorización de salida son señales de alerta: esas cuestiones se deciden conforme al derecho público aplicable, no mediante publicidad de la agencia.

5. Pagos, compensación y reembolsos

Los materiales revisados no justifican afirmar categóricamente que todo pago relacionado con la gestación subrogada está permitido ni que toda compensación está prohibida. La falta de un marco específico hace especialmente importante la naturaleza jurídica del pago, su finalidad, destinatario, documentación y relación con la atención médica. No confíe en que la agencia diga que una tarifa es lícita sin un dictamen escrito adaptado a la operación propuesta.

Exija un presupuesto escrito y desglosado que separe los honorarios de la clínica, el laboratorio, los servicios profesionales, la coordinación de la agencia, el seguro, los viajes, los gastos de embarazo documentados y cualquier compensación propuesta. Cada suma debe indicar destinatario, moneda, vencimiento, justificantes y regla de reembolso. Evite efectivo, cuentas de terceros sin explicación, “tarifas por éxito” vagas y conceptos que oculten al destinatario o la finalidad real.

Use un depósito en garantía independiente o una cuenta de fondos de clientes solo después de que un abogado local verifique al proveedor, titularidad de la cuenta, condiciones de liberación, riesgo de insolvencia y mecanismo de disputa. Vincule cada pago a servicios objetivamente comprobables, no a la promesa de entregar un niño o lograr que una autoridad reconozca a los padres intencionales. Defina qué ocurre si se deniega la autorización, la clínica rechaza el procedimiento, alguien retira su consentimiento o el programa se detiene por motivos médicos.

6. Cláusulas que deben acordarse antes de firmar o transferir fondos

La revisión contractual debe cubrir, como mínimo, estos puntos:

  1. Partes y alcance: nombres legales completos, servicios exactos, obligaciones de cada parte e identidad de cada clínica, médico, agencia, laboratorio y custodio de los fondos.
  2. Condiciones previas: dictamen escrito de un abogado independiente en Costa Rica y otro en el país de residencia de los padres intencionales; confirmación de los permisos actuales de la clínica; y procedimiento si una autoridad deniega la solicitud o no responde.
  3. Consentimiento y decisiones médicas: asesoría independiente para la gestante, documentos comprensibles de consentimiento informado, protección de la privacidad y respeto a sus decisiones médicas. No deben usarse penalizaciones para coaccionar tratamientos, decisiones sobre el embarazo o el consentimiento.
  4. Dinero: honorarios desglosados, hitos de pago, recibos, control del depósito, categorías de gastos permitidas, fechas de cancelación, cálculo de reembolsos, responsabilidad por costes médicos adicionales y procedimiento para impugnar facturas.
  5. Incumplimiento y terminación: reglas separadas para transferencia embrionaria fallida, aborto espontáneo, contraindicación médica, retirada del consentimiento, cierre de la clínica, denegación regulatoria, incumplimiento y fuerza mayor. Una sola cláusula no resuelve todos los escenarios ni garantiza un resultado jurídico.
  6. Documentos y disputas: acceso a expedientes, confidencialidad y tratamiento de datos, versiones lingüísticas, ley aplicable y foro, domicilios para notificaciones, mediación o litigio. Indique expresamente que el contrato no vincula al Registro Civil, un tribunal, la autoridad migratoria ni un hospital público.

7. Matriz práctica: qué acredita cada documento

Considere cada documento como prueba solo de aquello que realmente cubre. Ninguno de los siguientes, por sí solo, demuestra que el programa de gestación subrogada esté autorizado ni que los padres intencionales serán reconocidos como progenitores legales.

Documento presentado Qué puede acreditar Qué no acredita
Permiso sanitario de la clínica Autorización del establecimiento o servicio indicado dentro del alcance del permiso.Autorización específica para la gestación subrogada o cada procedimiento propuesto.
Registro de la agencia o extracto societario Existencia o datos registrales de la entidad identificada.Licencia específica de gestación subrogada, competencia, solvencia o legalidad de todos los servicios prometidos.
Contrato del programa firmado Condiciones escritas y prueba de lo acordado por las partes.Que cada cláusula sea ejecutable o que la filiación y la inscripción del nacimiento estén predeterminadas.
Estado de cuenta de garantía o recibo Dónde se depositó o transfirió el dinero y la cantidad registrada.Legalidad de la finalidad, derecho a reembolso en cualquier supuesto o resultado garantizado.
Registro médico o de transferencia embrionaria Un acto médico o servicio registrado por el proveedor.Filiación legal, contenido del acta de nacimiento, nacionalidad, pasaporte o permiso para salir de Costa Rica.
Promesa de la agencia o borrador del plan de nacimiento Lo que el intermediario espera o pretende organizar.Una decisión vinculante de un tribunal, registro, autoridad sanitaria o migratoria.

8. Documentos que deben verificarse antes de pagar

Obtenga y verifique independientemente el permiso sanitario o certificado de habilitación vigente de la clínica, el alcance de los servicios, la inscripción profesional de los médicos responsables, el borrador del contrato médico y cualquier respuesta oficial escrita sobre el procedimiento concreto. Si el programa depende de un hospital público o del traslado de material criopreservado, solicite la decisión escrita de la institución y el protocolo técnico aplicable.

A la agencia solicite los datos registrales actuales, las facultades de quien firma, el listado completo de honorarios, los subcontratistas, la política de reembolso, el contrato de depósito, modelos de recibos y una descripción escrita de lo incluido y excluido. Exija respaldo documental de toda afirmación sobre aprobación gubernamental, asociación con una clínica, licencia, cobertura de seguro o resultado garantizado. Verifique la afirmación directamente con la institución mencionada, no solo con el intermediario.

Obtenga los contratos en formato editable y asesoría independiente antes de firmar o pagar. Pida al abogado que marque cada cláusula como respaldada, incierta o inaceptable, cite la fuente de cualquier autorización alegada e identifique los puntos pendientes. Una garantía verbal, la notarización, la apostilla o la traducción pueden autenticar o documentar un escrito, pero no convierten en válida una operación ilícita.

9. Si el programa se detiene, se retrasa o surge un incumplimiento

Conserve todas las versiones de los contratos, mensajes, facturas, extractos bancarios, recibos, expedientes médicos, consentimientos, copias de permisos y cálculos de reembolso. Envíe una reclamación escrita que identifique la promesa incumplida, la suma reclamada, la cláusula invocada, el remedio solicitado y un plazo razonable de respuesta. No altere documentos ni dependa solo de resúmenes verbales.

Un abogado costarricense debe valorar si la reclamación concreta permite exigir daños, reembolso, resolución, restitución u otro remedio. La respuesta puede variar entre servicios de clínica, honorarios de agencia, reembolso de gastos y una promesa de compensación discutida. Si sospecha fraude, coacción, amenazas o falsificación, solicite asesoramiento separado sobre la denuncia ante la autoridad competente. No use una disputa de reembolso para presionar a una persona sobre tratamiento médico o consentimiento.

10. Registro civil y protección del menor: límites infranqueables

No acepte declaraciones falsas sobre quién dio a luz, vínculos genéticos, consentimiento, identidad u otros hechos inscritos en el estado civil. El artículo 182 del Código Penal costarricense sanciona determinadas conductas, incluida la introducción de hechos falsos en un acta de nacimiento cuando alteran datos civiles o la filiación; el artículo 183 bis contempla ciertas infracciones de los procedimientos de adopción. No son normas especiales de gestación subrogada y su aplicación depende de los hechos y elementos legales, pero una propuesta de falsificar registros o eludir la protección del menor es una señal de riesgo grave.

Un contrato no garantiza por sí solo la inscripción de filiación que aceptará el Registro Civil, no puede obligar a una persona a entregar al menor ni sustituye un procedimiento legal. Separe cuatro cuestiones: (1) si se puede prestar el servicio médico; (2) si la obligación de pago es válida; (3) quién será reconocido como progenitor legal; y (4) si el menor puede obtener documentos de viaje y salir del país. Resolver una no resuelve las demás.

11. La ejecución transfronteriza es un riesgo separado

Si los padres intencionales viven en el extranjero, pida a abogados de Costa Rica y del país de residencia que revisen el mismo borrador. La ley aplicable a los pagos o a las obligaciones de la agencia puede no regir la filiación, la inscripción de nacimiento, la nacionalidad, la inmigración o el reconocimiento en el extranjero. Una cláusula de ley aplicable o tribunal no vincula automáticamente a un tribunal o autoridad pública extranjera; puede requerirse un procedimiento separado de reconocimiento.

Antes de comprometer fondos, identifique a quién demandaría si algo falla, en qué país tiene activos esa entidad, qué tribunal o foro puede conocer la reclamación, el idioma del proceso, los requisitos de notificación y si la sentencia podría ejecutarse donde están el dinero o los bienes. Pregunte por separado cómo se evaluarán la situación jurídica del menor y su viaje conforme a la ley del país de destino; no deduzca la respuesta solo de la documentación de una clínica costarricense.

12. Secuencia más segura para una operación real

Antes de realizar cualquier pago no reembolsable, siga este orden:

  1. Primero, obtenga un dictamen escrito e independiente de un abogado costarricense sobre los actos médicos propuestos, los contratos, el modelo de pagos y el expediente oficial vigente. Pida que distinga las reglas confirmadas de las lagunas y las interpretaciones no resueltas.
  2. Segundo, obtenga un dictamen separado en el país de residencia de los padres intencionales sobre filiación, inscripción, nacionalidad, documentos de entrada y salida y reconocimiento de documentos costarricenses.
  3. Tercero, verifique directamente con la autoridad emisora los permisos vigentes de la clínica y el alcance exacto de cada servicio; verifique por separado la identidad legal de la agencia, las facultades de quien firma y los subcontratistas.
  4. Cuarto, negocie los contratos, el consentimiento, el calendario de pagos, el control del depósito, las reglas de cancelación y los reembolsos solo después de identificar las condiciones legales. El formulario estándar de la agencia no sustituye el asesoramiento independiente.
  5. Quinto, haga que cada pago sea trazable y esté condicionado a un servicio lícito definido. No pase a la siguiente etapa si el proveedor no entrega el documento prometido, una autoridad no ha respondido una cuestión necesaria o alguien exige registros falsos o consentimiento bajo presión.

Conclusión

Para Costa Rica, la respuesta responsable es actuar con cautela, no dar un sí o un no categórico. Los decretos n.º 39210-MP-S, 39616-S y 39646-S regulan la FIV y la transferencia embrionaria, pero los textos revisados no establecen un régimen integral de gestación subrogada ni confirman que esté autorizada la transferencia al útero de una gestante. Ni la resolución n.º 13258-2026 ni la orden dictada en el caso concreto por la resolución n.º 15172-2025 conceden una autorización general. Antes de firmar o pagar, obtenga asesoramiento escrito e independiente en Costa Rica y en el país de destino de los padres intencionales.

Fuentes oficiales comprobadas para esta versión

  1. SRC-01 — Sala Constitucional, resolución n.º 13258-2026 (21 de abril de 2026) — decisión procesal sobre información y una solicitud pendiente vinculada a gestación subrogada; no es una autorización general.
  2. SRC-02 — Procuraduría General de la República, PGR-OJ-084-2025 (27 de mayo de 2025) — principios generales de libertad contractual; opinión no vinculante y no específica de gestación subrogada.
  3. SRC-03 — Decreto Ejecutivo n.º 43432-S (2022) — permisos sanitarios y habilitación general de servicios de salud.
  4. SRC-04 — Código Penal, artículos 182 y 183 bis — delitos específicos relativos a datos civiles falsos y procedimientos de adopción.
  5. SRC-05 — Procuraduría General de la República, PGR-C-186-2023 (6 de octubre de 2023) — principio general de legalidad de la Administración pública.
  6. SRC-06 — Decreto Ejecutivo n.º 39210-MP-S (2015) — reglas sobre FIV y transferencia embrionaria; no es una autorización específica de gestación subrogada.
  7. SRC-07 — Decreto Ejecutivo n.º 39616-S (2016) — norma publicada para establecimientos de FIV; las modificaciones vigentes deben confirmarse en la base jurídica.
  8. SRC-08 — Decreto Ejecutivo n.º 39646-S (2016), texto consolidado vigente con modificación de 2025 — requisitos técnicos de habilitación para centros de FIV-TE.
  9. SRC-09 — Procuraduría General de la República, PGR-C-237-2025 (8 de diciembre de 2025) — criterio oficial sobre requisitos de FIV-TE, no específico de gestación subrogada.
  10. SRC-10 — Sala Constitucional, resolución n.º 15172-2025 (20 de mayo de 2025) — traslado de embriones en un caso concreto entre hospital público y clínica privada; no es autorización general de gestación subrogada.

Última actualización:

Autor: Khachatrian Razmik, LL.M.

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