Arabia Saudí · Clínicas, agencias, contratos y pagos

Ilustración editorial de una mesa de revisión contractual con documentos tachados y calendario de pagos

Arabia Saudí — Clínicas, agencias, contratos y pagos: actividades permitidas y riesgos

Respuesta breve

El límite jurídico central se refiere al acto médico, no a la forma comercial de la operación. El artículo 5 de la ley saudí sobre unidades de fecundación, embriones y tratamiento de la infertilidad prohíbe implantar el óvulo fecundado de un matrimonio en el útero de otra esposa o de otra mujer. Ninguna clínica, agencia, contrato, consentimiento o calendario de pagos puede convertir esa transferencia prohibida en un servicio permitido. Por tanto, un programa de gestación subrogada en Arabia Saudí debe detenerse y someterse a revisión jurídica, no tratarse como una compra de servicios ordinaria.

Esto no significa que todo tratamiento de infertilidad o toda comisión de intermediación sea automáticamente ilícita. El derecho saudí permite determinados tratamientos bajo condiciones legales y en centros autorizados. Hay que separar esos servicios de la transferencia de embriones prohibida y no tomar una etiqueta comercial, publicidad o contrato firmado como prueba de legalidad.

Alcance y solidez de las fuentes

Esta guía se comprobó el 23 de octubre de 2026 a partir de textos jurídicos oficiales saudíes disponibles en la base de la Oficina de Expertos del Consejo de Ministros. La base oficial indica que la ley especial sobre unidades de fecundación y la Ley de Transacciones Civiles están vigentes. El artículo 3 de la ley especial también obliga a las unidades correspondientes a cumplir las fatwas emitidas por el Consejo de Grandes Ulemas.

El Ministerio de Salud publica un PDF en inglés que contiene la ley y las normas de desarrollo. Incluye requisitos de acceso al tratamiento de la infertilidad y una salvedad limitada sobre la continuación del tratamiento tras la muerte del marido; sin embargo, deben comprobarse la versión actualmente vigente y su aplicación a un caso concreto. Antes de actuar, compruebe las circulares administrativas posteriores, las resoluciones publicadas sobre contratos de subrogación y las licencias de la clínica o agencia concreta. Pueden existir otras normas aplicables. El análisis contractual que sigue aplica disposiciones generales a un acuerdo de subrogación propuesto; no significa que se haya localizado una sentencia saudí sobre un contrato idéntico.

El acto médico prohibido

El artículo 5 establece expresamente que un óvulo fecundado de un matrimonio no puede implantarse en el útero de otra esposa ni de otra mujer. La redacción alcanza el paso médico esencial de la gestación subrogada cuando un embrión creado para una pareja se transfiere a otra mujer para que lleve el embarazo. La prohibición no se limita a los programas comerciales: el artículo 5 no prevé una excepción expresa para acuerdos gratuitos, altruistas, familiares o con una pariente.

La ley también prohíbe la inseminación con esperma de un hombre distinto del marido y la fecundación de un óvulo que no pertenezca a la esposa. Estas restricciones no se pueden eludir llamando al pago honorarios médicos, comisión de agencia, reembolso de gastos o donación. Lo determinante es el procedimiento y la finalidad reales del acuerdo, incluidos los documentos y las circunstancias de la operación.

Tratamientos de infertilidad que pueden prestarse dentro de la ley

La ley especial regula el tratamiento de la infertilidad; no autoriza de forma general todas las técnicas de reproducción asistida. El artículo 2 permite la intervención médica cuando la infertilidad deriva de una fertilidad reducida o de una enfermedad tratable, con respaldo de un informe médico; no deben utilizarse procedimientos de fecundación para tratar una infertilidad clasificada como incurable conforme a la ley. El texto de las normas de desarrollo publicado por el Ministerio de Salud exige un informe de una unidad o centro autorizado que confirme el diagnóstico, la capacidad reproductiva y la admisibilidad del tratamiento. Dado que esta clasificación es médica, la elegibilidad de cada paciente debe comprobarse con arreglo a las normas vigentes y a su historial clínico.

El artículo 4 exige acreditar que existe un matrimonio vigente antes de iniciar el tratamiento. Según el texto publicado de las normas de desarrollo, si fallece el marido, el médico debe detener el proceso y abstenerse de implantar el óvulo fecundado o transferir esperma al útero de la esposa, salvo que exista una fatwa escrita del Consejo de los Grandes Ulemas; tras el divorcio o una disputa entre los cónyuges, el tratamiento también debe detenerse. Esta salvedad limitada se refiere a la continuación del tratamiento tras el fallecimiento del marido; no crea una excepción a la prohibición independiente del artículo 5 de implantar un embrión en el útero de otra mujer. El artículo 6 exige el consentimiento escrito y expreso de ambos cónyuges para el tratamiento elegido, después de informarles sobre los procedimientos, riesgos y posibles resultados. Según el artículo 7, al menos dos especialistas deben verificar la identidad y los números de historia clínica de ambos cónyuges al recoger muestras, fecundar y transferir embriones. El artículo 9 exige un control y una trazabilidad rigurosos de espermatozoides, óvulos, óvulos fecundados y embriones para evitar confusiones o sustituciones.

Estas condiciones regulan los tratamientos permitidos, pero no crean una excepción para la subrogación. En particular, el consentimiento de los padres de intención o de la mujer que llevaría el embarazo no elimina la prohibición del artículo 5.

Licencias de clínicas y niveles de tratamiento

Conforme al artículo 19, no se puede establecer ni operar una unidad de fecundación, embriones y tratamiento de la infertilidad sin licencia del Ministerio de Salud, basada en una recomendación del comité supervisor. El artículo 20 divide las actividades autorizadas en niveles: el nivel 1 comprende tratamiento con medicamentos inyectables para inducir la ovulación; el nivel 2, inseminación artificial; y el nivel 3, fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática de espermatozoides y micromanipulación, con sujeción a los reglamentos de ejecución.

La Ley general de Establecimientos Sanitarios Privados y la Ley del Ejercicio de las Profesiones Sanitarias añaden requisitos de licencia para centros y profesionales individuales. El registro mercantil, una licencia general de clínica, una página web, la recomendación de un agente o la fotografía de un certificado no prueban que la unidad y el procedimiento de fertilidad concretos estén autorizados. Pida a la autoridad competente que confirme la licencia vigente, el nivel de tratamiento, el profesional responsable y las limitaciones aplicables.

Sanciones y posibles responsables

El artículo 32 dispone que a quien cometa una de las infracciones enumeradas se le puede imponer una o varias sanciones: multa de 200.000 a 500.000 riales saudíes, prisión de hasta cinco años o cancelación de la licencia profesional. La lista incluye operar sin licencia o por encima del nivel autorizado; introducir esperma o embriones de alguien que no sea el marido; realizar procedimientos de fecundación después de terminar el matrimonio; transferir embriones pertenecientes a una mujer al útero de otra; y engañar o explotar a un paciente, o utilizar métodos médicos inadecuados para extorsionarlo o explotarlo.

Para otras infracciones de la ley o sus reglamentos de ejecución, el artículo 33 contempla una o varias sanciones, entre ellas apercibimiento, multa de 20.000 a 200.000 riales saudíes, prisión de hasta dos años o cancelación de la licencia profesional. Esto no significa que todas las sanciones se impongan automáticamente en todos los casos ni que todos los padres de intención, pagadores y agencias incurran en la misma infracción. Deben evaluarse la conducta concreta, el papel de la persona, las demás normas aplicables y el procedimiento ante la autoridad competente.

¿Puede ejecutarse un contrato de subrogación?

La Ley de Transacciones Civiles crea un riesgo contractual independiente. El artículo 72 exige que el objeto de la obligación sea posible, no contrario al orden público y esté determinado o sea determinable; si no se cumplen esas condiciones, el contrato es nulo. El artículo 75 declara nulo un contrato cuando el motivo determinante para celebrarlo es ilícito, si se expresa en el contrato o puede deducirse de las circunstancias. Los artículos 74 y 84 contienen reglas de separabilidad relacionadas pero distintas: el artículo 74 se refiere a una condición contractual nula, mientras que el artículo 84 trata el contrato nulo o anulable en parte. Por regla general, el defecto se limita a la parte afectada, pero una parte puede solicitar la nulidad de todo el contrato si no lo habría celebrado sin esa parte.

Si la obligación central consiste en organizar una transferencia de embriones prohibida por el artículo 5, existe un riesgo considerable de que esa obligación, y posiblemente el contrato entero, se considere nula o inexigible. Se trata de un análisis de las normas legales, no de la referencia a una sentencia publicada sobre un contrato concreto. El resultado puede depender de la redacción exacta, la finalidad real, las partes, los servicios ya prestados y la posibilidad de separar realmente los servicios lícitos de la parte prohibida.

La firma, la legitimación notarial, la traducción, el consentimiento privado, el recibo de pago o una cláusula de elección de ley no pueden por sí solos dejar sin efecto la prohibición saudí. Un contrato separado para consulta médica lícita, traducción o servicios de viaje no relacionados requiere un análisis propio: no debe suponerse que sea automáticamente nulo, pero tampoco que proteja el acuerdo principal prohibido.

Los artículos 81 y 82 regulan las consecuencias de la nulidad: cualquier persona con interés puede invocarla y el tribunal puede apreciarla de oficio; la ratificación posterior no subsana la nulidad. La ley prevé que las partes vuelvan a la situación anterior al contrato y permite conceder indemnización si la restitución es imposible. El artículo 81 también establece un plazo de diez años para que se conozca una acción de nulidad, mientras que la nulidad puede alegarse como defensa en cualquier momento. Un abogado saudí debe valorar cómo se aplican estas reglas a la reclamación concreta y las cuestiones transitorias o procesales.

Agencias, intermediarios y comisiones por derivación

La ley especial revisada regula las unidades clínicas, los métodos de tratamiento y determinadas infracciones. No consta una infracción general independiente por el mero hecho de que una empresa se denomine «agencia de subrogación». Eso no supone aprobar el servicio que ofrece. Si la promesa contractual principal de la agencia es conseguir una transferencia de embriones prohibida, pueden entrar en juego las reglas sobre objeto contractual y motivo ilícito; cualquier responsabilidad penal o administrativa separada exige analizar la conducta real y las demás normas aplicables.

El artículo 12 de la Ley del Ejercicio de las Profesiones Sanitarias prohíbe al profesional sanitario solicitar, aceptar o recibir una comisión o beneficio a cambio de promocionar o derivar pacientes a una farmacia, hospital, laboratorio o proveedor similar concreto. Esta regla se refiere a profesionales sanitarios; no debe presentarse erróneamente como una prohibición general de todas las tarifas de agencias independientes. Pida a la agencia su identidad jurídica, tareas exactas, subcontratistas, destinatarios de los pagos y comisiones por derivación, y solicite a la clínica que revele sus relaciones económicas con el intermediario.

Pagos, cancelación y reembolsos

No constan una tarifa oficial saudí ni un régimen legal especial de reembolso para programas de subrogación. No invente un precio estándar, no suponga que un paquete anunciado está aprobado ni considere el pago como prueba de que el servicio es legal. Si el propósito principal del contrato está prohibido, una cláusula de reembolso no lo legaliza y la etiqueta «no reembolsable» no decide por sí sola el resultado jurídico.

Las reglas de nulidad de la Ley de Transacciones Civiles contemplan restablecer la situación anterior al contrato, pero no garantizan recuperar cada cantidad pagada. La controversia puede depender del destinatario del pago, la finalidad real del contrato, las pruebas de los servicios prestados, la existencia de servicios lícitos separables y la valoración judicial de la restitución o indemnización. Distinga el dinero pagado por atención médica lícita realmente prestada del dinero destinado a organizar el acto clínico prohibido.

Antes de pagar un tratamiento lícito de infertilidad, solicite un presupuesto desglosado, el nombre jurídico exacto del beneficiario, el recibo fiscal o de pago que corresponda, un calendario escrito vinculado a servicios definidos y condiciones de cancelación por contraindicaciones médicas, rechazo de la clínica, medicamentos no utilizados, almacenamiento y servicios no realizados. Prefiera pagos trazables a la parte contratante. Son recomendaciones de control del riesgo, no una afirmación de que la ley saudí exija un sistema de depósito en garantía o un porcentaje de reembolso concreto.

Lista de comprobación antes de firmar o pagar

Utilice esta lista para elegir un tratamiento lícito de infertilidad o revisar una propuesta de intermediación. Una respuesta afirmativa no autoriza la subrogación: si el plan prevé transferir un embrión al útero de otra mujer, debe detenerse y someterse a asesoramiento jurídico saudí independiente.

Qué comprobar Qué obtener o confirmar Por qué importa
Clínica y profesional Licencia vigente del Ministerio de Salud, nivel de la unidad de fertilidad, licencia profesional del responsable y confirmación escrita del método propuesto. La publicidad o el registro mercantil no acreditan la autorización para realizar el procedimiento concreto.
Procedimiento y participantes Plan escrito que indique de quién proceden el esperma y el óvulo, dónde se transferirá el embrión y qué centro realiza cada etapa. La transferencia al útero de otra mujer y los gametos de terceros plantean directamente la cuestión del artículo 5.
Consentimiento y registros Consentimiento escrito expreso de ambos cónyuges tras informarles de los procedimientos, riesgos y resultados posibles; registros que identifiquen muestras y embriones. Los artículos 6, 7 y 9 regulan consentimiento, verificación de identidad y manejo del material biológico.
Función de la agencia Identidad jurídica exacta, servicios, subcontratistas, base de cálculo de comisiones, relaciones de derivación y responsable de cada servicio. Ayuda a distinguir un servicio administrativo lícito de una promesa de organizar un acto prohibido o un pago potencialmente improcedente a un profesional por una derivación.
Precio y reembolso Tarifas desglosadas, beneficiario identificado, recibos, hitos de pago, causas de cancelación, saldo no utilizado y procedimiento para disputar el reembolso. Crea pruebas y reduce la incertidumbre, pero no hace legal un servicio prohibido.
Controversias y ley aplicable Procedimiento escrito de reclamación, foro de resolución, cláusula de elección de ley y copias de cada versión firmada. Una cláusula de controversias no corrige un objeto o motivo ilícito; la exigibilidad necesita análisis específico.

Señales de alarma que exigen detenerse

Suspenda el pago si la clínica no muestra su licencia actual o el nivel autorizado; la agencia se niega a identificar la clínica o al proveedor real; la transferencia de embriones se oculta bajo términos vagos como «coordinación» o «paquete para formar una familia»; o se pide describir un pago de subrogación como un servicio médico ajeno, una donación o un reembolso de gastos. Ocultar la finalidad real puede ser relevante para examinar el motivo ilícito conforme a la Ley de Transacciones Civiles.

Otras señales incluyen promesas de garantizar un bebé, la filiación, la nacionalidad o documentos de salida; pagos a una cuenta personal no vinculada al contrato; exigencias de efectivo sin explicación; ausencia de recibos o condiciones de reembolso; presión para firmar de inmediato; negativa a entregar documentos de consentimiento informado; uso de gametos de terceros o un beneficio no declarado a un profesional por derivar al paciente. Ninguna señal por sí sola demuestra un delito, pero justifica detener la operación y buscar asesoramiento independiente.

Si ya firmó o pagó

No haga otro pago solo para «salvar» un depósito ni porque el intermediario afirme que la siguiente cuota es irrevocable. Primero obtenga copias del contrato firmado y todas sus modificaciones, facturas, recibos, registros bancarios, publicidad, mensajes, plan de tratamiento, formularios de consentimiento y documentos de licencia. Conserve los archivos originales y las fechas; no antedate documentos, no firme una descripción falsa del servicio y no borre comunicaciones.

Solicite por escrito a la parte contratante un desglose de las cantidades recibidas, los servicios efectivamente prestados, los fondos no utilizados, la base contractual de cada deducción y su propuesta de reembolso. Evite amenazas o acusaciones públicas. Pida a un abogado saudí que examine si el contrato principal puede ser nulo, si los servicios lícitos son separables, quién tiene legitimación para reclamar, qué pruebas hacen falta, cuál es el foro competente y qué plazos se aplican. Una posible alegación de nulidad o restitución no garantiza el reembolso.

Si la preocupación se refiere a la licencia de la clínica, el nivel de tratamiento, el consentimiento o el manejo de muestras, confirme el canal de reclamación vigente con el Ministerio de Salud saudí u otra autoridad competente y aporte pruebas objetivas. No suponga que una reclamación comercial ordinaria resolverá por sí sola una cuestión especializada de licencia sanitaria.

Programas transfronterizos y siguiente paso seguro

Una agencia extranjera, una clínica en otro país, una cuenta bancaria en el extranjero o un contrato sometido a la ley de otro Estado no resuelve si la conducta en Arabia Saudí está permitida, si un contrato vinculado a Arabia Saudí es exigible ni cómo se tratará una sentencia extranjera o un documento de filiación. A la inversa, este artículo no decide la legalidad de un procedimiento realizado íntegramente en el extranjero. Deben examinarse por separado el lugar de los actos médicos, las partes, el flujo de pagos, las cláusulas contractuales y el foro; la legalidad en el extranjero no determina automáticamente las consecuencias saudíes, y el derecho saudí tampoco resuelve automáticamente todas las cuestiones extranjeras.

Antes de proceder, obtenga asesoramiento jurídico saudí independiente y por escrito sobre los actos médicos y contratos previstos, separado del asesoramiento sobre la ley del país donde pudiera realizarse el procedimiento. Solicite confirmación oficial de las licencias y un plan médico exacto. No pague por una transferencia de embriones prohibida ni confíe en promesas sobre filiación, nacionalidad, inscripción del nacimiento o viaje: son cuestiones jurídicas distintas que requieren análisis propio.

La conclusión práctica es limitada pero importante: la legislación saudí prohíbe expresamente transferir el óvulo fecundado de un matrimonio al útero de otra mujer. El tratamiento lícito de infertilidad, la autorización de la clínica, los servicios de agencia, la exigibilidad del contrato y la recuperación de pagos son cuestiones diferentes. Compruebe cada una antes de firmar o pagar.

Fuentes y textos legales

Para esta guía se comprobaron el 23 de octubre de 2026 fuentes jurídicas oficiales primarias y un PDF del Ministerio de Salud con normas de desarrollo. Los textos de la base del Bureau of Experts están en árabe; el PDF del Ministerio de Salud está en inglés; compruebe su versión vigente antes de actuar. Los títulos siguientes son descriptivos y no sustituyen los textos jurídicos aplicables.

  1. Ley de Unidades de Fecundación, Embriones y Tratamiento de la Infertilidad (Real Decreto M/76; estado oficial: vigente) (S1)
  2. Ley de Transacciones Civiles (Real Decreto M/191; estado oficial: vigente) (S2)
  3. Ley de Establecimientos Sanitarios Privados (Real Decreto M/40; estado oficial: vigente) (S3)
  4. Ley del Ejercicio de las Profesiones Sanitarias (Real Decreto M/59; estado oficial: vigente) (S4)
  5. Ministerio de Salud: PDF en inglés de la ley y las normas de desarrollo (vigencia de la versión no confirmada) (S5)

Última actualización:

Autor: Khachatrian Razmik, LL.M.

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