Perú · Régimen jurídico y modelos

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Gestación subrogada en Perú: marco jurídico y límites

A fecha de 23 de octubre de 2026, Perú no debe describirse simplemente como un país donde la gestación subrogada es plenamente legal ni como un país con una prohibición integral. No existe una ley especial y completa que autorice y regule claramente todas las modalidades. La norma central es el artículo 7 de la Ley General de Salud, Ley n.º 26842: la reproducción asistida está condicionada a que la madre genética y la madre gestante sean la misma persona. En la sentencia de 2025, expediente n.º 01367-2019-PA/TC, la opinión principal interpretó esa condición de forma restrictiva en ciertos supuestos, pero el fallo resolvió una controversia registral concreta relativa a un solo niño. Los votos separados discrepan sobre el alcance de la prohibición. Por tanto, existe riesgo jurídico, no una autorización general. La remuneración comercial, la finalidad altruista, la disposición de una clínica y la filiación posterior son cuestiones distintas.

Qué significan las categorías jurídicas

La gestación subrogada gestacional suele significar que una mujer lleva un embrión sin ser la madre de intención; su vínculo genético con el niño depende, entre otras cosas, del origen del óvulo. En la modalidad tradicional o genética, la gestante suele aportar también el óvulo. Un acuerdo altruista normalmente excluye el pago por la gestación en sí, aunque puede contemplar el reembolso de gastos debidamente acreditados; una modalidad comercial incluye una remuneración o beneficio adicional. Estas categorías ayudan a analizar los hechos, pero no sustituyen una clasificación legal peruana: las normas revisadas no establecen un régimen completo con reglas separadas para la gestación altruista y comercial. La etiqueta del contrato no determina por sí sola la legalidad, exigibilidad, filiación, obligaciones de la clínica o inscripción. Importan el procedimiento médico, los vínculos genéticos, las circunstancias de los padres de intención, los pagos y las cláusulas concretas.

Punto de partida legal: artículo 7

El artículo 7 de la Ley n.º 26842 reconoce el derecho a tratar la infertilidad y a procrear mediante técnicas de reproducción asistida, siempre que la madre genética y la madre gestante sean una misma persona. También exige el consentimiento previo y escrito de los padres biológicos. Por separado, prohíbe la fecundación de óvulos humanos con fines distintos de la procreación y la clonación humana. Sin embargo, no establece un procedimiento completo de gestación subrogada, una definición del contrato con la gestante, una autoridad de aprobación ni una regulación exhaustiva de la remuneración, intermediación, filiación o consecuencias del incumplimiento. El requisito de consentimiento no debe tratarse como un protocolo completo de consentimiento para la subrogación: el Tribunal Constitucional señaló que el consentimiento escrito no era objeto de controversia en el caso de 2025 y no resolvió su aplicación a todas las modalidades posibles. Antes de actuar, debe verificarse la versión oficial consolidada y sus modificaciones vigentes. La publicación oficial consolidada examinada indica actualización al 20 de mayo de 2024; antes de basarse en ella deben comprobarse las modificaciones posteriores.

Interpretación del Tribunal Constitucional

La opinión principal de la Sentencia Plenaria 176/2025 interpretó el artículo 7 como una restricción a la gestación subrogada cuando la madre de intención no tiene infertilidad, cuando su infertilidad puede tratarse médicamente para permitirle procrear, o cuando puede procrear mediante reproducción asistida sin otra mujer gestante. Según ese razonamiento, la condición de identidad entre madre genética y gestante limita las técnicas que separan ambas funciones. La opinión principal identificó un vacío normativo para los casos de infertilidad absoluta e irreversible que no pueda superarse mediante técnicas de reproducción asistida. Esto no significa que cualquier persona que alegue infertilidad quede automáticamente comprendida en una excepción. Deben evaluarse el diagnóstico preciso, la posibilidad de tratamiento, la técnica empleada y los hechos concretos. La motivación debe leerse junto con los votos separados, que no adoptan todos la misma interpretación.

Qué resolvió realmente el caso de 2025

El caso se refería a un niño nacido en 2016 tras un proceso de reproducción asistida que los demandantes describieron como realizado con una gestante y óvulos y esperma donados. La opinión principal describió la infertilidad de los padres de intención como absoluta e irreversible y recogió la versión de los demandantes de que ni ellos ni la gestante aportaron el material genético. En un voto discrepante, la magistrada Pacheco Zerga señaló que el proceso no había verificado si la gestante tenía vínculo genético con el niño, si actuó libremente ni si la gestación fue gratuita. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, había rechazado inscribir al niño como hijo de la madre de intención y había registrado como madre a la mujer que lo gestó. El 30 de junio de 2025, el Tribunal Constitucional anuló las resoluciones impugnadas de RENIEC y ordenó rectificar inmediatamente el apellido materno del niño. La opinión principal destacó la identidad del niño, los vínculos familiares ya establecidos y su interés superior, y exhortó al Congreso a legislar sobre reproducción asistida. Por tanto, la parte dispositiva resuelve ese conflicto registral concreto. No crea un régimen completo de autorización de clínicas, un contrato modelo, reglas de pago ni una vía universal para establecer la filiación en casos futuros.

Por qué la sentencia no es una autorización general

No deben omitirse los hechos que hicieron excepcional el caso. El Tribunal tuvo en cuenta la infertilidad absoluta e irreversible y la vida familiar que ya existía después del nacimiento. No declaró lícitos todos los acuerdos de los padres de intención, no aprobó cualquier tipo de donación de embriones o gametos ni sostuvo que un acuerdo privado transfiera automáticamente la filiación. La rectificación del apellido tampoco resuelve por separado quiénes son los padres legales, el derecho del niño a conocer su origen genético, la nacionalidad, el pasaporte o la autorización para salir de Perú. Esas cuestiones pueden estar sujetas a normas y autoridades distintas. No puede suponerse que un programa futuro obtendrá el mismo resultado: un tribunal puede distinguir los hechos y el marco legal sigue incompleto. La sentencia es esencial, pero debe citarse con sus hechos, parte dispositiva, fundamentos y votos separados, no como una afirmación genérica de que la subrogación es legal.

Diferencias entre las opiniones judiciales

La sentencia publicada contiene votos separados que discrepan sobre el razonamiento y el alcance de las restricciones. La opinión principal interpreta el artículo 7 como restrictivo en los supuestos descritos y reconoce un vacío regulatorio expreso para la infertilidad absoluta e irreversible. Otros votos destacan que el texto legal no dice expresamente que «la gestación subrogada está prohibida» y advierten contra derivar una prohibición amplia de una redacción ambigua; algunos se centran en los derechos del niño o en la necesidad de adopción o reforma legislativa. Tres magistrados respaldaron la decisión principal; Hernández Chávez aportó el cuarto voto para conceder una tutela limitada basada en el interés superior del niño y consideró inadmisibles los demás extremos. Por tanto, los cuatro votos del fallo no significan que cuatro magistrados respaldaran todos los elementos de la interpretación del artículo 7 expuesta en la opinión principal. El análisis jurídico debe distinguir el resultado concreto del caso, los razonamientos individuales y los comentarios académicos. Hasta que una ley o decisiones posteriores aclaren los límites, cada caso requiere revisión factual por un abogado peruano.

Modalidades comercial y altruista

Las normas revisadas no crean un régimen legal completo que permita expresamente la subrogación altruista y prohíba la comercial, o viceversa. El artículo 7 se refiere a la relación entre maternidad genética y gestacional; no fija una escala de pagos ni un criterio legal detallado para distinguir el reembolso de gastos de una remuneración. Los demandantes describieron el acuerdo como gratuito, pero la magistrada Pacheco Zerga señaló expresamente en su voto discrepante que ese extremo no se había verificado en el proceso. Por tanto, la decisión registral no declara probado judicialmente que no hubiera pago ni aprueba en general los acuerdos altruistas. Del mismo modo, la ausencia de una regla específica sobre pagos no demuestra que las modalidades comerciales sean legales ni que todo pago sea delictivo. Honorarios, reembolsos, comisiones de agencias, publicidad y participación de clínicas requieren un análisis separado conforme a las normas sanitarias, civiles, profesionales y otras aplicables. No debe anunciarse ningún modelo como «aprobado en Perú» sin una base jurídica actual y documentada que cubra a los participantes y las actuaciones concretas.

Acuerdos, clínicas e intermediarios

Un documento privado puede dejar constancia de las intenciones, el consentimiento, los gastos, las decisiones médicas y el entendimiento de las partes, pero no garantiza por sí solo que un tribunal o registro peruano reconozca la filiación prevista o haga cumplir todas sus cláusulas. La sentencia de 2025 no ofrece un contrato modelo ni establece que sea exigible una renuncia a la maternidad, una promesa de entregar al niño o una cláusula de pago. Debido a la interpretación del artículo 7 y a las discrepancias entre votos, las garantías categóricas son especialmente arriesgadas. Antes del tratamiento, consulte a un abogado peruano independiente de la clínica o agencia y solicite la base jurídica exacta del servicio, las autorizaciones sanitarias y profesionales y las reglas sobre datos médicos y consentimiento. Aclare qué ocurre si fracasa el tratamiento, se retira el consentimiento, hay complicaciones del embarazo, el niño tiene una discapacidad o surge un conflicto tras el parto. La publicidad, la firma notarial o un modelo contractual extranjero no prueban la exigibilidad en Perú.

La filiación y el registro civil son cuestiones distintas

La situación jurídica del programa reproductivo y la del niño están relacionadas, pero no son idénticas. El artículo 7 trata de reproducción asistida; el caso de 2025 abordó una negativa concreta de RENIEC y la identidad y los vínculos familiares del niño. La sentencia no dispone que todos los niños nacidos por subrogación deban inscribirse automáticamente a nombre de los padres de intención, ni que la gestante deba figurar como única madre en cualquier circunstancia. La negativa registral debe obtenerse por escrito y revisarse junto con la solicitud, los documentos aportados y los fundamentos jurídicos de la autoridad. Un abogado peruano debe comprobar con prontitud los recursos administrativos o judiciales disponibles y los plazos. Conserve los historiales médicos, consentimientos, documentos de nacimiento, pruebas genéticas pertinentes, evidencia de la relación familiar real y documentos de identidad del niño. No altere ni oculte información en los registros civiles. El interés superior del niño puede ser decisivo, pero no elimina la necesidad de analizar el procedimiento y las pruebas del caso concreto.

Sanciones y aplicación: no dé por supuesta una pena

No consta un cuadro único y exhaustivo de sanciones penales o administrativas aplicable a todos los acuerdos de subrogación. La parte dispositiva instó al Congreso a legislar sobre las técnicas de reproducción asistida; las propuestas de sanciones concretas aparecen en votos separados, no en el fallo. Esto no significa que toda actuación conexa carezca de consecuencias: según los hechos y las pruebas, pueden aplicarse normas generales civiles, sanitarias, profesionales, registrales o penales. Sin identificar una disposición concreta y sus elementos, sería incorrecto afirmar que todos los padres de intención, gestantes, clínicas o intermediarios cometen automáticamente un delito o se exponen a una multa fija. Del mismo modo, no identificar un delito específico o un código regulatorio completo no demuestra que la conducta sea lícita. Cada consecuencia posible debe vincularse a una norma real, las personas a las que se aplica, los hechos necesarios y el procedimiento correspondiente.

Elementos internacionales y planes transfronterizos

La autorización de una clínica extranjera, un acta de nacimiento extranjera o una sentencia de otro país no determina automáticamente la situación jurídica en Perú. Un programa transfronterizo exige analizar por separado la ley aplicable al tratamiento y al acuerdo, la filiación, el reconocimiento de resoluciones y documentos extranjeros, la nacionalidad, la expedición del pasaporte y la legalidad de la salida o entrada. El país donde se realiza el tratamiento puede aplicar reglas distintas de las peruanas, y el país de residencia de los padres de intención puede tener sus propias reglas de reconocimiento. No debe inferirse la filiación peruana de un acta extranjera ni la nacionalidad únicamente del lugar de nacimiento o de un vínculo genético. Antes de pagar o iniciar un tratamiento en el extranjero, obtenga asesoramiento escrito de abogados en cada jurisdicción pertinente y consulte directamente a las autoridades consulares y registrales peruanas. Las listas genéricas de las clínicas no sustituyen los requisitos oficiales vigentes.

Situación legislativa y propuestas de reforma

La sentencia de 2025 exhortó expresamente al Congreso a legislar sobre técnicas de reproducción asistida. El proyecto de ley n.º 13073/2025-CR, presentado el 4 de noviembre de 2025, proponía prohibir la subrogación, declarar nulos los acuerdos, limitar la promoción y la intermediación e introducir multas. Un proyecto no es una ley vigente. El registro estadístico oficial del Congreso disponible para el periodo hasta el 12 de febrero de 2026 indicaba que el proyecto estaba «en comisión», con fecha de estado de 5 de noviembre de 2025. Ese registro no es una ficha en tiempo real y no demuestra su situación el 23 de octubre de 2026. No debe afirmarse que se aprobó una ley posterior sin consultar el expediente parlamentario actual y el diario oficial. Deben distinguirse la ley vigente, una decisión judicial concreta, un voto separado, los comentarios públicos y un proyecto pendiente. Solo una norma aprobada y en vigor modifica el marco legal.

Pasos prácticos antes de comprometerse

Antes de firmar, pagar o iniciar el tratamiento, prepare un análisis jurídico escrito y adaptado a los hechos. Primero, describa la técnica, el origen del óvulo y del esperma, quién gestará, dónde tendrá lugar cada etapa y si habrá pagos. Segundo, obtenga documentación médica sobre el diagnóstico exacto y la posibilidad de tratamiento; no toda infertilidad coincide con los hechos excepcionales considerados por el Tribunal. Tercero, pida al abogado que analice el artículo 7, la sentencia de 2025 y sus votos separados, las normas civiles de filiación y las directrices oficiales vigentes. Cuarto, solicite el nombre legal completo de la clínica, sus autorizaciones, los médicos responsables, los consentimientos, el desglose de tarifas, las condiciones de reembolso y la política ante complicaciones o conflictos. Quinto, planifique por separado la inscripción del nacimiento, la filiación, la información sobre el origen genético, la nacionalidad, los documentos de viaje y el reconocimiento extranjero. Sexto, identifique recursos, autoridades competentes, plazos y costes si el registro u otra parte se niega a cooperar. Si el proveedor no explica por escrito su posición legal y los riesgos, pause el proceso en lugar de confiar en la publicidad.

Pruebas que deben conservarse y preguntas pendientes

Conserve las versiones vigentes de las leyes y sentencias citadas, con sus URL oficiales y fecha de verificación; el informe médico completo; los consentimientos; los borradores y acuerdos firmados; el detalle de pagos y recibos; los datos de la clínica e intermediarios; la correspondencia sobre la situación jurídica; y los documentos de nacimiento, registro, nacionalidad y viaje. Identifique si cada afirmación es una norma, una decisión judicial, un voto separado, una práctica administrativa, una política del proveedor o asesoramiento profesional. Pida al abogado que responda: ¿la técnica propuesta encaja en la interpretación actual del artículo 7? ¿La infertilidad es absoluta e irreversible y qué pruebas lo acreditan? ¿Qué efecto jurídico tendrá el acuerdo? ¿Quién puede inscribirse como progenitor y mediante qué procedimiento? ¿Qué ocurre si la gestante cambia de opinión o los padres de intención se separan o fallecen? ¿Qué gastos se permiten y cómo se documentan? ¿Qué recursos y plazos se aplican si se deniega la inscripción? ¿Qué normas rigen si algún participante, etapa del tratamiento o padre de intención se encuentra en el extranjero? Las dudas no resueltas deben seguir identificadas como tales, no convertirse en permisos supuestos.

Matriz de decisión

La tabla siguiente es una herramienta inicial de evaluación de riesgos, no un sustituto de un dictamen jurídico completo. Separa la regla legal de base, el resultado limitado del caso de 2025 y las cuestiones que todavía requieren comprobación según los hechos.

TemaEvidencia actual y límite
Regla legal de baseEl artículo 7 de la Ley n.º 26842 condiciona la reproducción asistida a la coincidencia de madre genética y gestante; no contiene un código completo de gestación subrogada.
Caso del Tribunal Constitucional de 2025La opinión principal describió el caso como uno de infertilidad absoluta e irreversible y donación de gametos. Un voto discrepante señaló que el proceso constitucional no había verificado el vínculo genético de la gestante con el niño, la libertad de su participación ni la ausencia de pago; el fallo no es una autorización general.
Comercial o altruistaLas normas revisadas no regulan exhaustivamente ambos modelos como regímenes separados. Remuneración, reembolso de gastos y comisiones de intermediarios requieren análisis individual.
Acuerdos y filiaciónUn contrato privado o un acta de nacimiento extranjera no garantiza por sí solo la exigibilidad del acuerdo ni el reconocimiento de la filiación en Perú.
Proyecto de leyEl proyecto n.º 13073/2025-CR proponía una prohibición; el registro oficial disponible lo mostraba en comisión con fecha de estado 5 de noviembre de 2025, no como ley aprobada.

Conclusión

El marco peruano sobre gestación subrogada es incompleto y su interpretación judicial está discutida. El artículo 7 impone una restricción jurídica importante; la interpretación restrictiva de ese artículo figura en la opinión principal, mientras que el fallo aprobado por cuatro votos resolvió un litigio registral concreto ante RENIEC y no estableció una regla general sobre gestación subrogada. Un voto discrepante cuestionó que se hubieran verificado el vínculo genético de la gestante con el niño, la libertad de su participación y la ausencia de pago. No consta una distinción legal integral que haga segura la subrogación altruista ni que convierta automáticamente en delito toda modalidad comercial. Antes de firmar o pagar, obtenga una opinión escrita y actualizada de un abogado peruano independiente, compruebe el estado de los proyectos en fuentes oficiales y planifique por separado la filiación, la inscripción, la nacionalidad y los viajes del niño.

Fuentes oficiales (originales en español)

Guías: Perú

Última actualización:

Autor: Khachatrian Razmik, LL.M.

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