Gestación subrogada en Perú: contratos, agencias y pagos
Respuesta breve
En Perú, los futuros padres no deberían tratar un acuerdo de gestación subrogada firmado como garantía fiable de cumplimiento, filiación o devolución del dinero. El artículo 7 de la Ley General de Salud n.º 26842 condiciona las técnicas de reproducción asistida a que la madre genética y la gestante sean la misma persona y exige el consentimiento previo y escrito de los padres biológicos. Esta redacción crea un riesgo jurídico importante cuando quien lleva el embarazo no es la madre genética.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 2025 en el expediente n.º 01367-2019-PA/TC protegió la inscripción de una niña en una situación familiar concreta, pero no creó un régimen integral para programas comerciales, licencias de agencias, compensaciones ni ejecución contractual. Antes de firmar o transferir una suma importante, un abogado peruano independiente debe analizar el modelo médico, la finalidad de cada pago, las partes y la vía prevista para establecer la filiación.
Qué dice el artículo 7 y qué deja sin resolver
El artículo 7 de la Ley n.º 26842 vincula la reproducción asistida a que la madre genética y la gestante sean la misma persona y exige el consentimiento previo por escrito de los padres biológicos. También prohíbe fecundar óvulos humanos con fines distintos de la procreación y la clonación humana. Sin embargo, no es una ley detallada de gestación subrogada: no establece un procedimiento completo para acuerdos con la gestante, servicios de intermediación, compensación, depósito en garantía, cancelación o reembolsos.
La distinción importa porque la sentencia no estableció una interpretación del artículo 7 plenamente compartida. El razonamiento principal interpretó el artículo 7 como una restricción de la gestación subrogada para quienes no padecen infertilidad, para quienes tienen una infertilidad tratable médicamente o para quienes pueden concebir por sí mismos mediante técnicas de reproducción asistida; indicó que la infertilidad absoluta e irreversible no estaba regulada expresamente. Otros votos discreparon, incluso sobre si el artículo 7 prohíbe en general la gestación subrogada. Esa interpretación debe tratarse como un razonamiento controvertido, no como una regla general consolidada ni como una autorización. Que una clínica ofrezca el tratamiento o anuncie un programa no resuelve la incertidumbre jurídica.
Qué decidió el Tribunal Constitucional en 2025
En la Sentencia Plenaria 176/2025, expediente n.º 01367-2019-PA/TC, la parte dispositiva del Tribunal Constitucional anuló las decisiones de RENIEC que impedían inscribir a la niña como hija de la madre de intención y ordenó corregir su apellido materno. El razonamiento principal también propuso exhortar al Congreso a legislar sobre reproducción asistida, pero esa exhortación no obtuvo los cuatro votos necesarios para formar parte de la decisión dispositiva. El razonamiento principal describió a la madre de intención como afectada por una esterilidad absoluta e irreversible; además, ya existía una vida familiar consolidada con la niña.
La decisión importa para valorar una posible vía de protección del derecho del niño a la inscripción, pero no constituye una aprobación general de los contratos comerciales de gestación subrogada. La parte resolutiva se refería a un caso concreto y los votos separados muestran desacuerdos reales sobre el artículo 7 y la validez de los acuerdos. La sentencia no fija comisiones permitidas para agencias, rangos de compensación, reglas de reembolso ni un régimen de licencias. Un resultado favorable en un caso no garantiza el mismo resultado para otra familia.
Exigibilidad contractual: la firma no lo soluciona todo
Un acuerdo privado puede dejar constancia de lo pactado, pero no puede desplazar normas imperativas, establecer por sí solo la filiación, obligar a una intervención médica ni garantizar que un tribunal ordene entregar a un niño. Un voto separado en el caso de 2025 sostuvo que los contratos de gestación subrogada eran nulos por contrariar el orden público y las buenas costumbres; otros votos adoptaron una interpretación distinta. Al no existir un régimen contractual completo y general, la exigibilidad sigue siendo incierta y depende de los hechos.
Examine por separado al menos tres relaciones: el contrato de servicios médicos con la clínica, el contrato de servicios de agencia o coordinación y el acuerdo con la gestante. Un contrato de servicios médicos concretos no demuestra que todo el programa o cada condición de pago sea válido. Las cláusulas de reembolso, solución de controversias, ley aplicable o arbitraje pueden ayudar en disputas ordinarias de servicios, pero no garantizan la filiación ni subsanan una finalidad potencialmente ilícita.
Clínicas, agencias e intermediarios
No dé por hecho que una agencia está autorizada para organizar gestación subrogada solo porque está constituida, tiene web o domicilio local, o deriva clientes a una clínica. Las fuentes no acreditaron una licencia peruana específica que por sí sola autorice la intermediación en gestación subrogada y garantice la validez del programa. Esto no prueba que no existan reglas generales empresariales, sanitarias o profesionales; deben verificarse por separado.
Antes de pagar, compruebe la clínica y los médicos en los registros peruanos pertinentes de salud y profesionales; confirme la identidad jurídica y fiscal de cada contraparte y quién presta realmente cada servicio. Solicite facturas desglosadas, servicios exactos de la agencia, datos de subcontratistas, vías de reclamación, información sobre seguros y reglas escritas de cancelación. Promesas como «totalmente legal», «bebé garantizado», «certificado de nacimiento garantizado» o «pasaporte garantizado» son señales de alerta si no se corroboran de forma independiente.
Matriz de riesgo de los pagos
No constan una tarifa oficial general ni un régimen automáticamente seguro para pagos a la gestante o a intermediarios. La tabla es una herramienta práctica de evaluación, no una declaración de que un pago concreto sea lícito. Exija fundamento escrito y pruebas trazables para cada transferencia.
| Pago o cláusula | Riesgo principal | Enfoque de revisión más seguro |
|---|---|---|
| Factura de clínica por servicios médicos identificados | Un paquete puede ocultar quién recibió el dinero y qué servicios se prestaron. | Solicite desglose, datos del proveedor, consentimientos y recibos; pague directamente al proveedor cuando sea posible. |
| Honorarios de agencia o coordinación | El alcance, subcontratación, devolución o función jurídica pueden ser ambiguos. | Defina entregables, etapas, terceros, cancelación y devolución por trabajo no realizado. |
| Compensación o «gastos» de la gestante | La calificación y exigibilidad pueden discutirse; el nombre no determina la finalidad real. | Obtenga asesoramiento independiente y separe gastos documentados del embarazo de sumas vinculadas al nacimiento o entrega del niño. |
| Pago condicionado a la entrega o características del niño | Según los hechos, puede plantear riesgos de orden público, coacción, explotación, venta de niños o trata. | No use primas por entrega, sanciones por decisiones médicas ni cláusulas que traten al niño como un producto. |
| Efectivo, cuenta personal o transferencia opaca | Riesgos probatorios, fiscales, de fraude, trazabilidad y posibles consecuencias penales. | Use una cuenta trazable de la contraparte contractual, verifique al beneficiario, conserve comprobantes y no oculte el propósito. |
Cuándo los pagos o la entrega pueden plantear riesgos penales
El Acuerdo Plenario n.º 04-2023/CIJ-112 de la Corte Suprema aborda la venta de niños y la adopción irregular como finalidades de la trata de personas. Para el supuesto de adopción irregular, identifica criterios como eludir los procedimientos legales de adopción, la existencia de una compensación económica y la finalidad de establecer una relación análoga a la filiación. El acuerdo no trata específicamente la gestación subrogada ni determina la legalidad de un pago concreto a la gestante o a un intermediario.
Esto no significa que todo reembolso de gastos, factura de clínica o pago relacionado con la gestación subrogada constituya trata de personas: deben evaluarse todos los elementos legales del delito a la luz de los hechos. Los pagos vinculados a una entrega informal de un niño, a eludir procedimientos de adopción, a coacción, explotación, documentos falsificados u ocultación de la finalidad real pueden generar un riesgo penal grave. No ocultes al beneficiario ni el concepto del pago, no disfraces una compensación, no compres la entrega de un niño ni eludas procedimientos obligatorios. Si aparece alguno de estos indicios, detén la operación y solicita asesoramiento penal independiente.
Antes de firmar o pagar: lista práctica
Use esta lista antes de entregar un depósito o firmar el programa. Reduce incertidumbres evitables, pero no convierte en válido un acuerdo jurídicamente dudoso.
- Obtenga una opinión escrita de un abogado peruano independiente, no remunerado por la clínica ni la agencia, sobre el artículo 7, la sentencia de 2025 y el modelo genético/gestacional concreto.
- Identifique a cada parte por nombre legal, número de registro, domicilio, facultades del firmante y función. Verifique por separado la clínica, los médicos, la agencia y los subcontratistas.
- Pida presupuestos separados y desglosados de atención médica, agencia, gastos de la gestante, seguros, viajes, asesoría legal y trámites posteriores al nacimiento. Rechace una suma global inexplicada de «todo incluido».
- Vincule las cuotas a servicios definidos y a prueba de su prestación, no a las características del niño, a una renuncia de derechos o a una promesa incondicional de entrega.
- Confirme los reembolsos si falla el cribado, se cancela el tratamiento, no hay transferencia embrionaria, termina el embarazo, una parte se retira o el proveedor no está disponible. Compruebe quién custodia los fondos.
- Confirme asesoría legal independiente para la gestante, consentimiento informado, privacidad y libertad para decidir sobre su atención médica. Rechace cláusulas que impongan tratamiento, aborto, reducción embrionaria o renuncia a la autonomía corporal.
- Exija un plan escrito de filiación, registro de nacimiento, documentos, nacionalidad y salida del Perú. Identifique las autoridades competentes y las pruebas necesarias para cada paso.
- Conserve versiones firmadas, modificaciones, facturas, recibos, registros bancarios, consentimientos y mensajes. No se base en promesas verbales ni capturas de publicidad.
Si el programa fracasa o surge un conflicto
La Casación n.º 563-2011, Lima, surgió de un acuerdo de reproducción asistida/gestación subrogada seguido de un procedimiento de adopción excepcional. El expediente trató pagos durante el embarazo, una controversia sobre el consentimiento de la mujer que dio a luz y alegaciones de amenazas y conductas irregulares. La Corte Suprema rechazó el recurso de casación y confirmó la adopción, dando peso, en esas circunstancias concretas, a la vida familiar ya establecida de la niña y a su interés superior. La resolución es pertinente para disputas relacionadas con la gestación subrogada, pero no establece que todo contrato privado de gestación subrogada o toda cláusula de pago sea exigible; el procedimiento versaba sobre adopción, no sobre una reclamación contractual general. El asesoramiento debe distinguir los procedimientos de adopción o filiación de las reclamaciones de reembolso y de las alegaciones de coacción o delito, y determinar la vía adecuada según las partes, las pruebas y el órgano competente.
La Casación n.º 563-2011, Lima, trató un litigio concreto sobre un niño, dinero, adopción y filiación. La Corte Suprema dio prioridad al interés superior del niño en esas circunstancias. No es una aprobación general de la gestación subrogada remunerada ni una garantía de recuperar dinero bajo un contrato privado. Las vías civiles, de consumo, disciplinarias o penales dependen de las partes, pretensiones, pruebas y órgano competente.
Filiación, registro y viaje internacional son cuestiones distintas
Un contrato no convierte automáticamente a los padres de intención en progenitores legales en el registro peruano de nacimiento. Una resolución sobre la inscripción tampoco resuelve automáticamente nacionalidad, pasaporte, situación migratoria o autorización para salir de Perú. Son cuestiones distintas que pueden involucrar a autoridades peruanas y a la legislación del país de nacionalidad o residencia de los padres de intención.
Antes de iniciar el tratamiento, obtenga un plan escrito por jurisdicción: registro de nacimiento previsto, procedimiento de filiación, documentos y traducciones, solicitud de nacionalidad, documentos de viaje y requisitos de salida. Determine qué hacer si se deniega el registro, se retrasa la filiación o un Estado extranjero no reconoce la relación. No confíe en la promesa de una agencia de que el certificado, la ciudadanía o el pasaporte son automáticos.
Conclusión práctica
La conclusión sostenible es limitada: el texto legal peruano y los razonamientos divergentes de la sentencia constitucional de 2025 generan una incertidumbre sustancial, sobre todo si la madre genética y la gestante son personas distintas. Las fuentes primarias revisadas no establecen un modelo comercial universalmente seguro y exigible, una comisión autorizada para agencias ni una regla general de compensación. La solución registral de un caso no responde a esas cuestiones.
Antes de comprometer fondos, solicite a un abogado peruano que verifique la legislación consolidada vigente y las decisiones posteriores, evalúe el acuerdo y los flujos de pago concretos y emita una opinión escrita sobre validez civil, regulación y riesgos penales. Las fuentes legislativas y judiciales que siguen se consultaron realmente en esta fase; no se auditó exhaustivamente toda la historia de modificaciones ni todas las reglas administrativas posibles.
Fuentes legislativas y judiciales primarias
- Ley N.° 26842, Ley General de Salud — official Congress legislative record
- Tribunal Constitucional, Pleno. Sentencia 176/2025, Exp. N.° 01367-2019-PA/TC
- Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Permanente, Casación N.° 563-2011, Lima
- Corte Suprema de Justicia de la República, Acuerdo Plenario N.° 04-2023/CIJ-112
