Colombia: controversias, negativas y recursos en gestación subrogada
Una negativa durante o después de un acuerdo de gestación subrogada no es un único problema jurídico con un recurso estándar. La respuesta depende de quién se negó, qué se negó, si existe una decisión formal, las necesidades actuales del niño, el contrato y las pruebas disponibles. En Colombia no deben tratarse como equivalentes la promesa de una clínica, el acuerdo de gestación subrogada, una inscripción del estado civil, una decisión sobre filiación y una autorización de salida del país.
Punto de partida jurídico: no presumir una regla general
El punto de partida no es una respuesta sencilla de sí o no. En la sentencia T-968/2009, la Corte Constitucional describió, en su contexto histórico, la ausencia de una prohibición expresa y de regulación específica de la gestación subrogada. Esa es una descripción judicial de 2009, no una consolidación actual de todas las normas aplicables. Las fuentes primarias no permiten establecer un marco legislativo integral vigente al 22 de octubre de 2026 que resuelva todas las cuestiones relativas a acuerdos, pagos, consentimiento, filiación e inscripción. Por ello, sería imprudente afirmar que todo acuerdo es lícito o que todos son automáticamente nulos. Antes de adoptar una posición, un abogado colombiano debe verificar la legislación vigente, las decisiones posteriores, las reglas del registro civil, la normativa sanitaria y los documentos concretos. La validez contractual, la atención médica, el estado civil, la filiación, la nacionalidad y la salida del niño de Colombia son cuestiones separadas; resolver una no resuelve automáticamente las demás. La sentencia SU-068/2026, de 26 de marzo de 2026, también se refirió a la falta de regulación de la gestación subrogada en un asunto de licencia parental; no decidió, sin embargo, si un contrato concreto de gestación subrogada es exigible.
Qué dice —y qué no dice— la sentencia constitucional de 2009
La sentencia T-968/2009 debe leerse de manera limitada. La Corte trató la gestación subrogada al revisar un litigio familiar sobre custodia y permiso para que unos niños salieran del país. Distinguió expresamente los hechos del asunto: la mujer era la madre biológica de los niños y el caso no constituía, en realidad, un acuerdo de gestación subrogada. Esa discusión puede aportar contexto, pero no es una orden general que obligue a una clínica, oficina de registro o gestante a cumplir un contrato. Tampoco determina la exigibilidad de todas las cláusulas ni atribuye automáticamente la filiación en otro caso. Al invocar un precedente, identifique el problema resuelto, las partes, el razonamiento y la parte resolutiva. Deben revisarse decisiones posteriores y cambios legislativos antes de presentar las expresiones de 2009 como la regla actual.
Clasificar la controversia antes de elegir un recurso
Use esta matriz para identificar la primera cuestión que debe comprobarse, no para predecir el resultado. Puede haber varias vías, pero deben mantenerse diferenciadas.
| Tipo de problema | Qué debe establecerse primero |
|---|---|
| Negativa de autoridad pública | Solicite una decisión escrita y fechada, el fundamento jurídico exacto, los hechos y documentos considerados, la fecha y forma de notificación y las instrucciones para revisarla. Determine primero si se trata de un acto administrativo definitivo, un trámite, una omisión o una negativa informal: la vía y el plazo pueden variar. |
| Registro de nacimiento o filiación | Obtenga la solicitud de inscripción, los documentos civiles y médicos de respaldo, cualquier negativa escrita y las razones concretas del registrador. Pregunte por la vía de corrección o impugnación. No suponga que una carta de la clínica o el acuerdo de gestación subrogada determina por sí solo quién puede figurar como progenitor; el registro civil y la filiación deben analizarse por separado. |
| Clínica o profesional sanitario | Aclare si la negativa se refiere a seguridad clínica, consentimiento informado, criterios de admisión, política interna, pago o acceso a la historia clínica. Solicite la razón médica y copias de los registros pertinentes. La atención médica urgente y una disputa por una factura son asuntos distintos; no retrase una urgencia mientras discute un cobro. |
| Agencia, intermediario, contrato o pago | Conserve el acuerdo firmado, los comprobantes de pago, la descripción de servicios, las cláusulas de reembolso y terminación, las declaraciones y las comunicaciones. Una reclamación suele exigir una obligación identificable, un incumplimiento atribuible al demandado, un daño jurídicamente indemnizable y un nexo causal. El reembolso, la indemnización o el cumplimiento forzoso no son automáticos porque el programa fracase o las expectativas sean distintas. |
| Controversia que afecta a un niño | Si el desacuerdo afecta la identidad, el cuidado, el contacto, la custodia, la inscripción de nacimiento o la seguridad de un niño, separe esas necesidades inmediatas de las reclamaciones económicas de los adultos. La legitimación y el derecho a solicitar una orden concreta dependen del derecho invocado, la situación jurídica y la representación. Ninguna parte debe suponer que el acuerdo por sí solo determina la filiación o desplaza los derechos del niño. |
La vía disponible depende de la naturaleza jurídica de la decisión y de los hechos. La tabla sirve para una clasificación inicial, no garantiza admisibilidad ni éxito.
Conservar las pruebas de inmediato
Prepare una cronología mientras los hechos están recientes. Guarde la negativa en su formato original, sobres, encabezados de correo, capturas del portal y comprobantes de entrega. Solicite por escrito el expediente completo y la norma invocada. Conserve el acuerdo y sus modificaciones, consentimientos, historia clínica, facturas, transferencias y mensajes fechados. Anote quién hizo cada declaración, cuándo, por qué canal y si quedó confirmada por escrito. No edite capturas, no elimine mensajes desfavorables, no presione a testigos ni publique en internet datos médicos sensibles o información del niño. Si puede estar corriendo un plazo, calcúlelo desde la notificación real y busque asesoría local de inmediato, en vez de esperar a que termine una queja informal.
Negativa o demora de una autoridad pública
Cuando la decisión sea un acto administrativo recurrible, los artículos 74–77 del Código colombiano de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) prevén, por regla general, reposición ante la autoridad que decidió y apelación ante el superior cuando exista y la ley la permita. El artículo 76 establece normalmente diez días desde la notificación personal, por aviso o desde el vencimiento de la publicación, según corresponda. No es un plazo universal de diez días para toda negativa: el artículo 75 excluye recursos contra actos generales y, salvo regla expresa, contra actos de trámite, preparatorios o de ejecución. Verifique la naturaleza jurídica de la decisión, la autoridad competente, la fecha de notificación y si la apelación es obligatoria antes de acudir al juez. Exponga cada error de forma concreta, aporte pruebas, pida la corrección específica y conserve el comprobante de presentación. Una norma especial prevalece sobre este resumen general.
Solicitar el expediente y una respuesta motivada
Un derecho de petición escrito permite solicitar a una autoridad colombiana una respuesta completa y motivada, documentos, el fundamento jurídico de una negativa o el estado de un trámite pendiente. La Ley 1755 de 2015 establece, por regla general, quince días para peticiones, diez días para solicitudes de documentos o información y treinta días para consultas, salvo reglas especiales. Son plazos de respuesta, no plazos de recurso. Si la autoridad no es competente, el artículo 21 normalmente exige informar al solicitante y remitir la petición escrita a la autoridad competente dentro de los cinco días siguientes a su recepción. En las circunstancias del artículo 32, el derecho de petición también puede ejercerse ante ciertas organizaciones privadas, entre otros fines, para proteger derechos fundamentales. Conserve el número de radicación y el comprobante de entrega. El silencio o una respuesta insuficiente puede justificar otra vía, pero no establece automáticamente la filiación, valida el contrato ni resuelve la controversia de fondo. Para las solicitudes de documentos o información, el artículo 14 también establece que, si no hay respuesta en diez días, la solicitud se entiende aceptada y las copias deben entregarse en los tres días siguientes. Compruebe si se aplica una norma especial o una reserva legal a los documentos solicitados.
Cuándo puede ser pertinente una acción de tutela
La acción de tutela del artículo 86 de la Constitución busca la protección inmediata de derechos fundamentales amenazados o vulnerados por una autoridad pública. Por regla general es subsidiaria: no sustituye otro medio judicial adecuado, salvo que se use transitoriamente para evitar un perjuicio irremediable. La Constitución también permite la tutela contra determinados particulares en circunstancias definidas, incluidos algunos casos de prestación de un servicio público o de subordinación o indefensión del solicitante; no procede automáticamente contra cualquier clínica o agencia. Puede ser urgente evaluarla cuando exista un riesgo inmediato para un derecho fundamental concreto, por ejemplo la salud, identidad o protección necesaria de un niño, o el derecho a obtener respuesta a una petición. Explique el derecho, la acción u omisión, la urgencia, las pruebas y por qué los medios ordinarios son inadecuados o demasiado lentos. No use la tutela simplemente como atajo para cobrar daños contractuales. El juez decide la procedencia y la medida según los hechos del caso.
Controversias contractuales, agencias y pagos
Una controversia con una agencia, clínica u otra parte contratante debe analizarse cláusula por cláusula. Identifique quién firmó, quién prometió cada servicio, qué condiciones debían cumplirse, qué se entregó realmente y si el acuerdo regula cancelación, reembolso, procedimientos fallidos, servicios sustitutivos, gastos, confidencialidad, solución de controversias o ley aplicable. Distinga un incumplimiento documentado de un resultado médico que no se garantizó. Una demanda civil puede exigir prueba de obligación, incumplimiento, causalidad y daño indemnizable; el demandado correcto, el tribunal, el plazo de prescripción y el remedio disponible dependen de las partes y los hechos. Un requerimiento o negociación puede facilitar un acuerdo, pero no debe implicar accidentalmente renuncia de derechos, admisión de hechos discutidos o pérdida de un plazo. Antes de pagar más, terminar el contrato, firmar una renuncia o aceptar un reembolso, consulte sus efectos jurídicos. Una cláusula no es exigible solo porque se firmó, ni nula solo porque se relaciona con gestación subrogada.
Atención médica y conducta profesional
Si la queja se refiere al tratamiento, consentimiento, historia clínica o conducta profesional, separe tres cuestiones: seguridad clínica inmediata, obligaciones contractuales del prestador y posible incumplimiento profesional o regulatorio. La Ley 23 de 1981, incluidos sus artículos 15–16, aborda los riesgos médicos injustificados, el consentimiento y la advertencia sobre riesgos del tratamiento. Esas disposiciones no prueban por sí solas negligencia ni garantizan una indemnización; importan los hechos, el estándar de atención, la causalidad y el daño. Solicite la historia clínica y una explicación escrita; cuando proceda, conserve una opinión médica independiente. Una queja ante la autoridad sanitaria u órgano de ética profesional competente puede tratar la supervisión o conducta, pero no sustituye una demanda civil por daños y puede no resolver la filiación ni el reembolso. Confirme la competencia del organismo elegido. Ante síntomas urgentes, obtenga primero atención médica: reunir pruebas no debe retrasar la asistencia.
Situación e intereses inmediatos del niño
Una controversia sobre filiación o inscripción de nacimiento debe analizarse conforme a las reglas aplicables de registro civil y derecho de familia, no solo según el acuerdo o una declaración de la clínica. Reúna el registro de nacimiento o la solicitud de inscripción, documentos médicos que pueda obtener legalmente, identificaciones, consentimientos y decisiones judiciales o administrativas existentes. Pida al registrador o tribunal el fundamento jurídico exacto y el procedimiento para corregir o impugnar el registro. Si están en juego la seguridad, atención médica, identidad o continuidad del cuidado del niño, exponga esos hechos por separado y con urgencia. Una disputa económica entre adultos no debe retrasar la atención necesaria ni usar al niño como presión. El reconocimiento en el extranjero, la nacionalidad, los pasaportes y la autorización para salir de Colombia siguen siendo cuestiones distintas y dependientes de los hechos; las decisiones siguientes ilustran remedios limitados en materia de nacionalidad, pero no determinan el resultado de todos los casos. Obtenga asesoría coordinada en cada país pertinente antes de usar un documento colombiano en el extranjero u organizar un viaje.
Las decisiones posteriores muestran por qué importan los hechos concretos. En la sentencia T-127/2024, de 18 de abril de 2024, la Corte confirmó la negativa a expedir un nuevo pasaporte colombiano en ese caso, porque la niña ya tenía nacionalidad estadounidense y no se acreditó riesgo de apatridia. No obstante, destacó que los niños nacidos mediante gestación subrogada tienen los mismos derechos y que las autoridades deben atender los riesgos en otros casos. La sentencia no establece una regla universal que reconozca o niegue el pasaporte colombiano a todos estos niños.
En cambio, en la sentencia T-232/2024, de 18 de junio de 2024, la Corte concedió la tutela a un niño nacido en Colombia mediante un acuerdo internacional de gestación subrogada que quedó apátrida tras modificarse su registro civil. Ordenó a la autoridad registral competente reconocer la nacionalidad colombiana y al Ministerio de Relaciones Exteriores expedir un pasaporte; además, destacó que las autoridades deben activar el procedimiento de la Circular 168/2017 cuando exista un riesgo real de apatridia. El resultado dependió de los hechos probados y de los obstáculos graves para adquirir otra nacionalidad; no establece automáticamente la nacionalidad ni la filiación de todos los niños nacidos mediante gestación subrogada. Por separado, el artículo 4, apartado 2, de la Ley colombiana 2332 de 2023 dispone que los niños nacidos en Colombia de padres extranjeros pueden inscribirse como colombianos por nacimiento sin exigir el domicilio de los padres si ningún Estado los reconoce como nacionales, una vez reconocida la condición de apatridia conforme a la legislación aplicable y cumplidos los requisitos de la autoridad registral. En T-232/2024, la Corte también ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Registraduría Nacional del Estado Civil actualizar el procedimiento de la Circular 168/2017. Las fuentes no permiten confirmar si esa actualización ya se completó; verifique el procedimiento oficial vigente antes de basarse en él.
Organizar un expediente probatorio útil
Prepare un expediente indexado: (1) cronología fechada; (2) acuerdo firmado y modificaciones; (3) consentimientos e historia clínica a los que tenga acceso legal; (4) facturas, recibos, transferencias y cálculo de reembolso; (5) correos, mensajes, notas de llamadas y anuncios con promesas concretas; (6) negativa íntegra, notificación y prueba de recepción; (7) peticiones, recursos, números de radicación y respuestas; (8) documentos de nacimiento, identidad y decisiones judiciales relacionados con la reclamación; y (9) pruebas del daño alegado o del riesgo urgente. Conserve originales y metadatos, identifique las traducciones y quién las preparó, y proteja los datos médicos y del niño. Distinga lo que conoce personalmente de lo que le contó otra persona. Señale con claridad las pruebas faltantes; no reconstruya, antedate ni modifique documentos para aparentar que el expediente está completo.
Secuencia práctica de actuación
Una secuencia prudente es: primero, atender cualquier riesgo inmediato para la salud o seguridad del niño; segundo, identificar quién decidió y el acto u omisión exactos; tercero, conservar el expediente completo y anotar las fechas; cuarto, pedir motivos escritos y la norma aplicable si ello no pone en riesgo un plazo; quinto, solicitar a un abogado colombiano que clasifique la vía: recurso administrativo, petición, tutela, litigio civil o contractual, queja sanitaria u otro procedimiento específico; sexto, verificar legitimación, plazos, competencia, pruebas y remedio solicitado; séptimo, presentar con comprobante y hacer seguimiento. No suponga que una queja suspende un plazo judicial, que una petición sustituye una apelación o que una decisión favorable resuelve filiación, nacionalidad o viaje. Antes de aplicar el texto a un caso concreto, un abogado colombiano debe verificar el derecho vigente y los hechos precisos.
Fuentes oficiales consultadas
Las fuentes siguientes respaldan las proposiciones limitadas indicadas en el texto. No constituyen una revisión exhaustiva de decisiones, reglamentos o cambios legislativos posteriores. Antes de aplicar el texto a un caso concreto deben verificarse el derecho vigente y las fuentes posteriores.
- Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-968/2009
- Constitución Política de Colombia (incluidos los artículos 23, 44 y 86)
- Ley 1437 de 2011, artículos 74–77
- Ley 1755 de 2015 sobre el derecho de petición, especialmente artículos 13–16, 21 y 32
- Ley 23 de 1981 sobre ética médica, especialmente artículos 15–16
- Superintendencia Nacional de Salud, información PQRD y canales de queja
- Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-127/2024
- Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-232/2024
- Corte Constitucional de Colombia, sentencia SU-068/2026 (solo contexto de licencia parental)
- Decreto 2591 de 1991, artículo 42 (tutela contra particulares)
- Ley colombiana 2332 de 2023, artículo 4, apartado 2 (nacionalidad por nacimiento y apatridia)
